viernes, 25 de marzo de 2022

SON LAS REGLAS DEL JUEGO, AMIGO

En la película “El puente de los espías” el abogado James B. Donovan, interpretado magistralmente por Tom Hanks, le da una lección sobre la democracia americana al agente de la CIA que cuestiona que existan reglas en la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría. “Yo soy irlandés y usted alemán. ¿Qué nos hace a ambos americanos? Las reglas, se llaman Constitución, son lo que nos une, así que no me diga que no hay reglas”.

    Y es que en eso consiste fundamentalmente la democracia como sistema político, en una arquitectura institucional que nos comprometemos a respetar, diseñada mediante reglas jurídicas para garantizar la libertad, limitando los poderes, garantizando los derechos y las libertades, y que se pone negro sobre blanco en un texto, nuestra Constitución, que tiene como finalidad hacer posible la convivencia cívica en sociedades libres, plurales y diversas.

    En España bien lo sabemos y fuimos capaces de hacerlo posible. Las generaciones de mis padres y mis abuelos pusieron cuanto pudieron de su parte para la reconciliación entre españoles, para lograr grandes acuerdos económicos y sociales como los Pactos de la Moncloa y para aprobar la Constitución de 1978 abriendo nuestro país al periodo más prolongado de pacífica convivencia democrática entre compatriotas. Yo me proclamo orgulloso hijo y nieto del ‘régimen del 78’.

    Hoy percibimos que el populismo amenaza nuestras democracias, o más bien los populismos, porque los vientos amenazadores soplan tanto desde estribor como desde babor. Y es que la primera fuerza política que pegó un puñetazo en el tablero político español fue Podemos. Ahí están las hemerotecas para recordar las gruesas palabras de su líder en las tertulias televisadas, esos Sálvame del ‘political show business’. Son memorables sus arremetidas contra lo que denominaba con desprecio ‘el régimen del 78’, que fue resultado según él de las claudicaciones de una ‘izquierda domesticada’ que se rindió servilmente a los poderes fácticos del posfranquismo, planteando la ruptura de los consensos sobre los que se asienta nuestra Constitución, hasta el punto de abogar por el reconocimiento del ‘derecho de autodeterminación’ haciendo el juego al independentismo separatista de las élites catalanas.

    Sus mensajes socavan la legitimidad de nuestro sistema político, basado en la democracia liberal representativa, la economía social de mercado y la unidad de España respetando su diversidad en una estructura cuasifederal. ¿Pero acaso pensaba Podemos que los consensos se podían romper solamente desde la extrema izquierda? Claro que no, su verborrea sembró el surgimiento de una reacción nacionalpopulista de extrema derecha y la aparición de VOX, que se quiere apropiar de la idea de la defensa de España, que viene a poner orden para detener la deriva ‘bolivariana comunista’ de nuestra sociedad, que también habla de la ‘derechita cobarde’ que no es capaz de plantar cara a la ‘cultura progre’ y que considera que en la Constitución del 78 se hicieron demasiadas concesiones a la izquierda y a los nacionalistas de algunos territorios.

    ¿Y ante este panorama, qué hacer para defender nuestras democracias? Mucho y depende de nuestra voluntad, porque los buenos propósitos sin voluntad decidida son palabras vacías. Dejemos la palabrería inútil a los populistas y pongámonos a trabajar los demócratas codo con codo como lo hicieron nuestros abuelos y nuestros padres. Para empezar, yo no quiero gobiernos en los que entre la ultraderecha a intentar imponer su estrecha forma de entender el mundo en nuestras vidas, como tampoco quiero a los populistas desde el izquierdismo infantilizante haciendo de las suyas desde los consejos de gobierno. Son más que necesarios acuerdos entre las fuerzas políticas moderadas que defiendan la democracia liberal y sus instituciones. Y para ello una propuesta, un pacto que facilite el gobierno del partido político más votado, si la alternativa es gobernar con la extrema derecha, la extrema izquierda o los independentistas, que no buscan sino dividir y enfrentar, como si hubiese buenos o malos españoles patriotas, o que quieren volar los pilares sobre los que se sustenta nuestra convivencia pacífica.

    Un PSOE que se alinea con los populistas de Podemos, que recaba apoyos de independentistas y postetarras, alimenta el monstruo de la ultraderecha como reacción a sus posiciones. Cuando los diputados de Bildu o del independentismo catalán suben al estrado del Congreso de los Diputados a chulear al gobierno de España, alardeando de que vienen a romper nuestro sistema político, le hacen el caldo gordo a la extrema derecha.

El Partido Popular ha tenido una primera oportunidad en Castilla y León para abrir un nuevo tiempo político ante los populismos que amenazan a nuestras democracias, para estar a la altura de la derecha europea centrada, pero su decisión es un enorme error desesperanzador. Meter en el gobierno por primera vez a la ultraderecha nacionalpopulista de VOX, hace más grande a VOX y menos útil para nuestro sistema democrático al PP. Y ojo con contribuir a romper las reglas del juego y debilitar las instituciones que sustentan nuestra convivencia democrática, porque es un juego peligroso que sabemos cómo empieza y cómo puede terminar si replicamos los errores del siglo XX en el siglo XXI.

Publicado en El Confidencial Andaluz el 14 de marzo de 2022.

Son las reglas del juego, amigo

miércoles, 9 de marzo de 2022

COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y ESTILO DE LIDERAZGO. ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Seguimos avanzando en el MOOC del Instituto Andaluz de Administración Pública IAAP sobre “Dirección Pública”. En el Módulo 3 hemos abordado las competencias directivas y la importancia que tienen en el buen funcionamiento de los equipos humanos de las Administraciones Públicas. El ejercicio práctico versa sobre la aplicación de una competencia directiva, poniéndola en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030.

    He elegido como competencia directiva la ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y CIUDADANA, que se ajusta de un modo más adecuado a los servicios sociales y la atención a las personas en situación de dependencia.

     Todo el sistema de servicios sociales está orientado a la protección de los más vulnerables, a la promoción de su autonomía personal y a los cuidados que necesitan para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

       El conjunto de prestaciones y servicios que integran estas políticas públicas deben estar orientados a la atención de sus necesidades, con una manera de llevarlas a cabo que tenga en cuenta su realidad vital y con una enorme capacidad de adaptación a los cambios que se producen en un mundo en continua transformación.

Este es mi DECÁLOGO DE LA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO Y CIUDADANA:

    El Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS de la Agenda 2030 en el que enmarco el decálogo es el 10, que persigue la reducción de las desigualdades, y en concreto la meta 10.2 Inclusión social, económica y política, para que de aquí a 2030 se logre potenciar la inclusión social económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, o situación económica u otra condición.

    El desarrollo de la competencia directiva de Orientación al Ciudadano y Ciudadana es una herramienta tremendamente eficaz para lograr una mayor eficacia y eficiencia de las políticas públicas de inclusión social.

    El trato que seamos capaces de dar a los destinatarios de servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales, redundará en su sensación de mejora de su dignidad y bienestar como ciudadanos en condiciones de igualdad con el resto de la población. La escucha activa y la capacidad de detectar nuevas necesidades, problemas y retos, mejoraran la eficacia y eficiencia de la Administración para atender a estos colectivos. La comunicación es muy importante, para mejorar que se produzca el mayor uso posible de las oportunidades que se ofrecen a estas personas para mejorar sus vidas.

En definitiva, convertir a la ciudadanía en el centro de atención de las políticas sociales.

Decálogo de la orientación al ciudadano y ciudadana

Mi Padlet del MOOC IAAP Dirección Pública



lunes, 7 de marzo de 2022

CURSO ONLINE DE DERECHO Y DISCAPACIDAD. NUEVO SISTEMA DE APOYOS Y OTRAS INSTITUCIONES

        La semana pasada concluyó el primer curso intensivo de 21 horas, organizado por la Sección de Diversidad Funcional del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, sobre “Derecho y Discapacidad. Nuevo sistema de apoyos y otras instituciones”. La experiencia ha resultado muy satisfactoria, tanto por la calidad de los ponentes como por la amplitud de perspectivas abordadas en los contenidos. El régimen jurídico de los apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, tanto en los planos civil y penal, como administrativo, ha sido objeto de un amplio desarrollo durante las sesiones formativas.



        La reforma introducida por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es el eje de esta iniciativa de formación que resulta muy oportuna para ponerse al día en los conocimientos jurídicos sobre esta materia.

        La Ley 8/2021 supone un cambio de paradigma en la consideración de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, marcada por los principios inspiradores de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad hecha en Nueva York en 2006. De un sistema marcadamente paternalista basado en la protección, se pasa a un sistema de plena consideración de la dignidad de todas las personas independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales y mentales, desapareciendo la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Todas las personas son consideradas como sujetos titulares de sus derechos, siendo considerada la discapacidad como una situación que puede generar barreras para su ejercicio, por lo que se les deberá proveer de un sistema de apoyos para garantizar su pleno desarrollo por sí mismas en igualdad de condiciones con los demás.

        Desaparece por tanto la tutela de las personas con discapacidad mayores de 18 años, pasando de un modelo de sustitución de su voluntad a uno de respeto a su voluntad, deseos y preferencias, prestando los apoyos que resulten necesarios para que sea ella misma quien tome sus propias decisiones. Sin duda supone un desafío para todos los operadores jurídicos, por lo que tiene de cambio profundo de mentalidad al abordar la realidad de las personas con discapacidad y su desenvolvimiento como actores jurídicos. La guarda de hecho ejercida por persona próxima al discapacitado, generalmente en el ámbito familiar más cercano, se convierte en medida de carácter no formal, permanente y estable, dotándola de un régimen jurídico que refuerza su eficacia. Junto con ésta, aparecen reforzadas las medidas de apoyo de carácter voluntario, que serán las que tendrán un carácter preferente, reforzando la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad para tomar sus decisiones. Las medidas judiciales solamente podrán acordarse en supuestos bien de ausencia de otras medidas de apoyo, de carácter voluntario o la propia guarda de hecho, o bien cuando éstas no se estén ejerciendo de modo diligente y se aprecie una situación perjudicial para la persona con discapacidad, siendo excepcional la curatela con facultades representativas.

        Las medidas de apoyo voluntarias son la autocuratela, que supone un marco de previsión en el que la propia persona previendo que pudiera aparecer una situación de discapacidad, establece las medidas de apoyo que considere oportunas a futuro, y el acuerdo de apoyos, por el que formaliza jurídicamente en el momento presente quién y con que facultades la apoyará para la toma de sus decisiones vitales. Todo ello se deberá documentar en escritura pública, por lo que los notarios alcanzan un papel fundamental en el nuevo sistema de provisión de apoyos contribuyendo a la desjudicialización de esta materia, junto con la decisión de reforzar la configuración de la guarda de hecho.

        En la Convención de Nueva York, se incluye a las personas con discapacidad como todas aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. La discapacidad por tanto, es una situación de la persona con independencia de que haya obtenido algún reconocimiento administrativo, que tiene que ver con las barreras existentes para que pueda desarrollarse plenamente y en igualdad de condiciones con el resto de sus conciudadanos, siendo por tanto las medidas de apoyo las estrictamente necesarias para superar dichas barreras y proporcionadas al caso concreto con la menor intromisión en su voluntad, deseos y preferencias.

        Un curso muy recomendable en definitiva, por cuya organización quiero felicitar a la Sección de Diversidad Funcional de nuestro Colegio de Abogados, animando a cualquiera que tenga interés en esta materia a realizarlo en futuras ediciones.

jueves, 3 de marzo de 2022

LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LA DIRECCIÓN PÚBLICA

Está siendo muy interesante e inspiradora la experiencia de participar en el MOOC del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) sobre "Dirección Pública". El Módulo 2 ha versado sobre la perspectiva estratégica en la dirección pública, incorporando al desempeño de la función directiva la definición de la visión, misión y valores de las organizaciones.

La actividad evaluable ha consistido en definir la misión de una organización, en relación con un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, así como un análisis DAFO y las correspondientes propuestas CAME.

He realizado el trabajo reflexionando sobre la actividad de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) en la que desarrollo mi trabajo como empleado público. Ha sido un ejercicio muy interesante.

Os dejo el enlace a mi Padlet con el resultado:


miércoles, 16 de febrero de 2022

“UN PLANETA DIFERENTE, UN MUNDO NUEVO. CÓMO EL CALENTAMIENTO GLOBAL ESTÁ CAMBIANDO NUESTRA VIDA COTIDIANA”

Léanlo, el libro de Isidoro Tapia es un libro diferente sobre el cambio climático. Un texto ameno, apoyado en el rigor de la evidencia científica y sobre todo esperanzador. El calentamiento global es una realidad de nuestro tiempo, ya está aquí y se manifiesta en el cambio climático, un proceso planetario que está cambiando y cambiará nuestras vidas. Que lo haga de un modo dramático o que seamos capaces de adaptarnos con previsión y aminorar sus efectos tanto como podamos depende de nosotros. Es necesario, y buenas noticias, es posible.




        Cada uno de los capítulos viene precedido de un relato futurista, que proporciona una eficaz narración literaria que nos sitúa en ese mundo nuevo más cercano de lo que acostumbramos a pensar, consecuencia de los efectos del calentamiento global del planeta sobre el clima. El autor nos sitúa de una manera muy gráfica a través de una familia intercultural que vive en la España de un futuro cercano, en los estilos de vida que surgirán como consecuencia necesaria de la adaptación a las alteraciones climáticas. Además, jalona el recorrido de los temas en cada capítulo con interesantes anécdotas, datos históricos y citas de personalidades que muestran un profundo poso ilustrado a lo largo de todo el libro.

     Comienza con un análisis con bases científicas fundadas en el conocimiento y la evidencia acumulados sobre este fenómeno, que despeja toda duda razonable sobre su realidad tangible. Plantea al mismo tiempo las dificultades de abordar un fenómeno planetario desde los límites fronterizos de los Estados nación, contribuyendo a que tomemos conciencia de la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración internacional si queremos conseguir resultados exitosos.

    Los desafíos demográficos y los cambios en el modo de vida de las familias; las transformaciones que deberán afrontar las empresas, con innovaciones sociales y tecnológicas para dar respuesta desde el mercado a las necesidades de adaptación a las alteraciones climáticas; los retos a los que el urbanismo deberá aportar soluciones para plantear una vida en las ciudades menos contaminante y más eficiente en el uso de la energía; así como las respuestas que la política deberá proporcionar a los problemas de la transición energétia, con sus ganadores y perdedores, para lograr que la cohesión social que necesitan nuestras democracias no se resienta peligrosa e irreversiblemente aumentando las brechas de desigualdad.

       Isidoro Tapia realiza una presentación realista del problema, con un riguroso tratamiento de la evidencia científica disponible, abordando respuestas propositivas de posibles líneas de acción, para salir de este grave riesgo humanitario bien parados desde un pragmatismo que resulta esperanzador. Su confianza en la voluntad humana y en la capacidad de la ciencia para encontrar respuestas innovadoras, hace de la lectura de este libro una experiencia muy recomendable y tranquilizante. Estamos a tiempo y no hay tiempo que perder para actuar, ahora mismo.



lunes, 31 de enero de 2022

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

En la evaluación del impacto de las decisiones de gasto en políticas públicas, suele estar ausente un enfoque que ponga la mirada analítica en el conjunto del presupuesto de las Administraciones. De este modo, las reducciones de inversión en un determinado programa se interpretan a priori como un ahorro, sin examinar el efecto que producen sobre otras partidas presupuestarias que atienden necesidades primordiales de la ciudadanía.

        Si dejar de prestar un servicio, o dejar de hacerlo con la intensidad que se precisa, supone un deterioro en las condiciones de las personas a las que va dirigido que tiene el efecto de aumentar el consumo de otros incluso más caros que los que hemos dejado de atender, el pretendido ahorro de dinero público se evapora pudiendo llegar incluso suponer hasta un incremento de gasto en el total del presupuesto.

        Es necesario dejar de tomar decisiones con la mentalidad de un esmerado contable con la visión limitada en cada ministerio, consejería o área, para ampliar el foco y realizar una análisis económico de las decisiones sobre las políticas públicas y su impacto en el conjunto del presupuesto, incluyendo sus efectos en la actividad económica y en el empleo.

        Un ejemplo interesante lo podemos encontrar en dos estudios publicados por FEDEA, en el que se analiza la relación entre la atención a las personas en situación de dependencia y el gasto sanitario desde dos perspectivas.

        El primer estudio es de 2016 y examina si la atención a la dependencia reduce los ingresos hospitalarios que pueden evitarse. La conclusión es elocuente, la expansión de la cobertura de la Ley de Dependencia mejora la eficiencia del sistema de salud, reduciendo las hospitalizaciones de las personas que reciben cuidados y haciendo más breves las estancias hospitalarias en el caso de que se produzcan. En conjunto, el estudio estima el ahorro en hasta un 11% de los costes relacionados con las hospitalizaciones de estos colectivos. Estos resultados sugieren que estas políticas públicas contribuyen a reducir las ineficiencias en la atención hospitalaria, minorando específicamente su número, frecuencia y duración. La coordinación sociosanitaria, por consiguiente, puede aumentar el ahorro total en el gasto público y mejorar la eficiencia si se mantiene una adecuada atención a la dependencia.

        El segundo estudio es de 2021 y aborda el efecto de los beneficios de la atención a las personas en situación de dependencia sobre el uso de la atención médica. Considera que el aumento de la esperanza de vida y las enfermedades crónicas de las persona mayores, tienen un efecto directo en los sistemas de salud aumentando la presión asistencial. La implementación de buenos sistemas de cuidados a largo plazo para la población dependiente, contribuye a reducir esta presión puesto que promueve hábitos preventivos y la adherencia a los tratamientos médicos, reduciendo los ingresos hospitalarios relacionados con la edad. Estima que la atención a las personas dependientes supone una reducción del 60% de las hospitalizaciones evitables, así como las visitas no programadas de pacientes a los centros de atención sanitaria. En definitiva, la asignación de recursos presupuestarios a la Ley de Dependencia puede no sólo aumentar el bienestar de los beneficiarios del sistema de cuidados, sino también contribuir sólidamente a contener el aumento de los costes de la sanidad.

        Y a todo ello debemos sumar el efecto de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la economía y en el empleo. El estudio “La atención a la dependencia como motor de desarrollo económico” elaborado por la profesora Belén Díaz Díaz de la Universidad de Cantabria, publicado en la Revista Internacional de Sociología en 2014, muestra que la tasa de retorno de los recursos asignados es muy alta, de cada euro, 0,59 retornan a la Administración; el sector de atención a la dependencia es intensivo en mano de obra, estimando que la generación de empleo asciende a 36 trabajadores por cada millón de euros de gasto de la Administración; el multiplicador de la producción asciende a 2,38, de manera que por cada euro invertido por la Administración en el sector, la producción aumenta 2,38 euros. Tiene además otros efectos en la economía tremendamente positivos: la capacidad de generar empleo y riqueza vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico, la oportunidad de racionalizar el gasto sanitario con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces como hemos visto, y la oportunidad de reducir el coste de oportunidad de las familias que se quedan sin posibilidad de trabajar fuera del hogar por tener que atender a un familiar.

        Por todo ello, el dinero que se emplea en las políticas de atención a la dependencia más que un gasto es una buena inversión, no solamente económica por los efectos positivos descritos, sino también por la cohesión social y la mejora del bienestar individual y colectivo, tan necesarios para sustentar la esperanza en el bien común y la convivencia cívica como sólidos cimientos de las democracias, con la mirada puesta en hacer una España mejor.

Enlaces a los documentos de los estudios mencionados:

Estudio FEDEA 2016 atención a la dependencia y gasto hospitalario

Estudio FEDEA 2021 efectos de la atención a la dependencia sobre el uso de los servicios sanitarios

La atención a la dependencia como motor de desarrollo económico

Artículo publicado en el Confidencial Andaluz el 31 de enero de 2022:

Políticas públicas y dependencia


domingo, 30 de enero de 2022

EL MÉRITO Y EL BIEN COMÚN EN LAS DEMOCRACIAS

En su libro “La tiranía del mérito” Michael Sandel se pregunta, ¿qué ha sido del bien común? Una pregunta en torno al triunfo del discurso sobre la meritocracia en las sociedades contemporáneas y sus efectos en las clases trabajadoras más desfavorecidas, que se traduce en sentimientos de humillación y baja estima de la dignidad de sus ocupaciones, alimentando los discursos oportunistas de los populismos autoritarios que socavan los pilares de la convivencia en nuestras democracias.

            La meritocracia surge con una pretensión de fundamentar en valores de eficiencia y equidad el ascenso social. Por una parte, resulta más eficiente asignar los puestos más elevados en la jerarquía social y productiva a las personas que han logrado mejores cualificaciones profesionales. Por otra parte, basar el ascenso a las posiciones más altas en el esfuerzo personal se corresponde con una mayor equidad frente a los factores hereditarios en la transmisión de puestos jerárquicos.

        Sin embargo, el planteamiento choca con la realidad de nuestras sociedades. En primer lugar, el credencialismo de las titulaciones universitarias hace que prácticamente la única manera de acreditar la alta cualificación para un puesto directivo sea tener estudios superiores, descartando cualquier oportunidad para que personas con otras altas cualificaciones profesionales y experiencia contrastada puedan llegar a ser seleccionadas. En segundo lugar, el talento que es un factor innato sujeto a la fortuna de nacer con él, así como la suerte que proviene del azar, juegan un papel importante en la gestión de las oportunidades para el acceso a los puestos más elevados y no dependen de nuestro esfuerzo personal.

        Los efectos de esta “meritocracia” se traducen en una retórica de la responsabilidad individual, según la cual cada cual tiene lo que se merece y quienes ocupan las posiciones más desfavorecidas cosechan el fracaso que se han ganado, olvidando los factores estructurales y de desigualdad social que hacen que las oportunidades para prepararse en la dura competencia meritocrática no estén repartidas equitativamente en la realidad. Todo esto hace que quienes ocupan las posiciones más altas en la jerarquía social y económica miren con soberbia a los más desfavorecidos, justificando el enorme abismo en la desigualdad de rentas en que es el resultado de su esfuerzo individual, al tiempo que provoca un sentimiento de humillación, frustración y falta de reconocimiento entre quienes no han logrado alcanzar el “éxito”.

            Con este panorama están sembradas las condiciones para la cosecha por parte de las fuerzas políticas populistas, que elaboran discursos que convierten la ira y el resentimiento de los más desfavorecidos en propuestas autoritarias de odio al diferente y de movilización contra las élites corruptas que se han adueñado del poder político en las democracias para oprimir a los honrados trabajadores. Es el discurso de Trump en Estados Unidos, o el de Podemos y VOX en nuestro país. Se trata de iniciativas políticas desde la extrema izquierda y la extrema derecha que polarizan nuestra convivencia y ponen en peligro nuestras democracias. Y lo hacen con recetas sin fundamentos racionales viables para resolver los problemas de la gente que peor lo está pasando con la globalización, asentadas de un modo simplista sobre un autoritarismo que propone mano dura con los políticos corruptos que se han vendido al IBEX 35, a George Soros, a Bill Gates, o a la agenda 2030 globalista.

           Es necesario empezar a considerar de otra manera el modo de organizar, valorar y distribuir las posiciones en nuestras sociedades y en nuestro sistema productivo. Es bueno que los puestos en los gobiernos, la administración y las empresas estén capitaneados por personas con un alto nivel educativo y una buena cualificación técnica, pero no resulta menos relevante que se caractericen por lo que Artistóteles denominaba “sabiduría práctica y virtud cívica”, el saber ocuparse de alcanzar el bien común en el que todos interdependemos unos de otros. Es lo que Axel Honneth denomina “el trabajo como actividad integradora”, una forma de cumplir desde el puesto que desempeñamos con nuestra obligación de contribuir al bien común.

            Hay que hacer un esfuerzo por reconocer que el éxito en la vida no tiene necesariamente que estar vinculado a obtener un grado universitario, por potenciar la formación profesional y técnica de los trabajadores, por aumentar el prestigio de las profesiones, que es bueno para la economía y contribuye al respeto de las labores de la clase trabajadora. Lo que concita la ira de los más desfavorecidos por la globalización es la pérdida de su reconocimiento y su estima. El papel de todos los profesionales como productores de bienes y servicios que contribuyen al bien común es un acto de justicia democrática. La definición del bien común requiere una deliberación con nuestros conciudadanos acerca de cómo conseguir una sociedad justa y buena, que cultive la virtud cívica y haga posible que razonemos todos juntos sobre los fines dignos y adecuados para nuestra comunidad política, en un proyecto inclusivo donde la aportación de todos merezca la estima y el reconocimiento mutuo.