En el Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea en 2030 presidido por Felipe González, se alertaba sobre el fenómeno demográfico del progresivo envejecimiento de la población y el impacto de esta realidad sobre los sistemas sanitario y de protección social. En el Libro Blanco elaborado en 2004 se apuntaba la necesidad de implantar un Sistema Nacional de Dependencia para una mayor racionalización del gasto sanitario. Los informes de la OCDE sobre la materia van en la misma línea argumental, indicando que la carencia de un sistema de atención a las personas dependientes supone un coste de oportunidad considerable, por la presión de las necesidades asistenciales de este colectivo sobre los sistemas nacionales de salud.
La puesta en marcha nuestro Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en aplicación de la Ley que entró en vigor en enero de 2007, ha supuesto un avance para la sociedad española en la línea de los países de la Unión Europea de cara a la construcción del denominado cuarto pilar del Estado de bienestar. El balance de la implantación del sistema podemos calificarlo de positivo. La datos cuantitativos son elocuentes, más de 1.000.000 personas dependientes atendidas, sobre todo personas mayores de 65 años, de ellos el 54% mayores de 80 años y cerca de dos tercios mujeres; 247.000 nuevos empleos directos asociados a las atenciones de las personas en situación de dependencia, convirtiéndose en uno de los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. En lo cualitativo hemos pasado de un modelo asistencial a un sistema de derechos, más profesionalizado y de calidad; hemos logrado una armonización de la atención a las personas dependientes, con independencia del territorio de residencia; y finalmente, el sistema ha sido capaz de atender a las personas en todos los entornos, rurales y urbanos.
Andalucía ha estado a la vanguardia en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Ha sido posible con un modelo de colaboración entre Junta de Andalucía, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que ha dado buenos resultados. Una red andaluza de recursos especializados que ha generado empleo de calidad en el sector de servicios sociales. Un servicio público de teleasistencia que es un modelo exportable a otros territorios por su competitividad basada una excelente relación entre calidad del servicio y coste del mismo. Unas trabajadoras y trabajadores sociales de gran profesionalidad y claves para la eficiencia del sistema. Una buena coordinación administrativa desde el comienzo con el personal del Servicio Andaluz de Salud para abordar las cuestiones sociosanitarias.
El examen del impacto de las políticas públicas desde un sólo punto de vista ofrece una pobre visión, pues las inversiones en atención a las personas en situación de dependencia forman parte de un sistema con incidencia en una pluralidad de realidades. El análisis de los retrocesos en la atención a este importante colectivo de ciudadanos, deja al descubierto unos impactos sobre la economía, el empleo y los presupuestos públicos dignos de tener en cuenta. Las medidas de recorte en esta materia son antieconómicas, amenazando seriamente la viabilidad de un sector que está en vías de consolidación con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, poniendo en riesgo el futuro de cientos de miles de empleos en este sector con el drama humano que esta dura realidad supone. Por otra parte, informes independientes de entidades como Círculo de la Sanidad, Analistas Financieros Internacionales o FEDEA, inciden en la eficacia de los servicios sociales a la hora de reducir el gasto sanitario y los costes hospitalarios de atender a las personas dependientes, por lo que una menor inversión en estas políticas tiene una incidencia directa en un incremento de necesidades en otras partidas presupuestarias.
Los recortes en los presupuestos públicos que afectan a estas políticas públicas son injustos, por cuanto afectan a colectivos especialmente vulnerables; son inútiles, por cuanto lejos de suponer un ahorro, contribuyen a incrementar al gasto sanitario; y son antieconómicos, porque ponen en riesgo un sector de actividad generador de empleo estable y de calidad en el ámbito de los servicios sociales.
Se hace en definitiva necesario un debate riguroso y serio sobre la Ley de Dependencia. Sin duda hay aspectos de la gestión que podemos y debemos mejorar, pero el balance ofrece más aspectos positivos de cara al futuro que las dudas que pueda plantear. La atención a la dependencia nos concierne a todos como sociedad, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida con el consiguiente envejecimiento de la población. Merece la pena hacer un esfuerzo colectivo como sociedad, para defender la atención solidaria a estas personas en condiciones de igualdad, para protegerlas ante la caprichosa lotería de la adversidad de la que todos podemos llevar algún número aunque todavía no lo sepamos.
