PROTOCOLO ENTRE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y ASOCIACIONES BANCARIAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA GUARDA DE HECHO

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, la guarda de hecho de las personas con discapacidad, principalmente mediante la proporción de apoyos en procedentes de su entorno familiar, ha venido suscitando problemas de reconocimiento ante las entidades financieras. Para dar respuesta a esta cuestión, el pasado mes de julio se publicó un documento interpretativo del Protocolo Marco suscrito entre la Fiscalía General del Estado y las Asociaciones Bancarias.

    En este documento queda fuera de toda duda que la guarda de hecho es una institución jurídica cuya eficacia se reconoce directamente por ministerio de la ley. Se contempla como un medio de apoyo duradero que prevalece respecto de las medidas de apoyo judiciales. Por lo tanto, donde exista una guarda de hecho adecuada y suficiente, deberá reconocerse al guardador el ejercicio de las facultades para las que la misma lo habilita.

    Dado que nos encontramos ante una institución de carácter informal y de hecho, el ordenamiento no exige ninguna forma predeterminada de acreditación de su realidad, ni un título formal habilitante para su ejercicio. El vínculo entre guardador y guardado se puede demostrar de muy diversas maneras, entre otras, el libro de familia, el historial de certificados de empadronamiento y de convivencia, informes de servicios sociales, informes de servicios de salud y otros servicios públicos. A estos efectos, resultan de especial relevancia en cuanto a la seguridad jurídica que aportan, las actas de notoriedad extendidas por un notario.

    El guardador de hecho no precisa de autorización judicial para realizar actuaciones de “escasa relevancia económica” en representación del guardado. Pero, ¿qué debe entenderse como actos de escasa relevancia económica? El documento considera que, en términos de buenas prácticas, deberán así considerarse las disposiciones para atender a los gastos ordinarios y habituales del guardado, con arreglo a su trayectoria vital. También estarían comprendidos los gastos no habituales pero necesarios para la conservación ordinaria de los elementos precisos para satisfacer sus necesidades ordinarias. En cuanto a las disposiciones de efectivo no finalistas, es preciso establecer límites cuantitativos de referencia, utilizando como indicador el gasto medio por persona que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    Para documentar la guarda de hecho ante las entidades financieras, deberá cumplimentarse una declaración responsable con unos contenidos muy precisos: identificación de los sujetos intervinientes, relación de parentesco o vínculo que los une, el alcance y modalidad de actuación ante la entidad, autorizaciones de acceso a información y a gestiones operativas, entre otros.

En este enlace podéis acceder al texto completo del documento:

Documento interpretativo al Protocolo Marco entre FGE y Asociaciones Bancarias

DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS PUBLICAS

Ayer fue la última clase del primer semestre en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Málaga, donde imparto la asignatura de Análisis de las Políticas Públicas a alumnas y alumnos de tercer curso. He dedicado esta última actividad docente a explicarles la importancia de incorporar el cambio de paradigma que introduce la Ley 8/2021, en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

        Esta Ley supone la plena incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Convención Internacional de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2008. En su articulo 1, define la discapacidad como una situación en la que se encuentran personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se trata por tanto de prestarles los apoyos necesarios y proporcionales a su situación, para que estas barreras puedan ser superadas y ejercer sus derechos plenamente.

            Es una obligación de los Estados incorporar esta perspectiva a todos los aspectos que afecten a las personas para garantizar el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. La Convención de Nueva York reconoce como actores especialmente cualificados a las organizaciones representativas del sector, en el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad.

            Esta nueva visión de la realidad de la discapacidad y el ejercicio de la capacidad jurídica supone un revolucionario cambio de paradigma. Se pasa de una concepción paternalista, basada en la sustitución de la voluntad de las personas incapacitadas judicialmente, lo que suponía borrarlas civilmente de la sociedad, a una consideración respetuosa con su dignidad, basada en los derechos humanos y orientada a la promoción de su autonomía personal.

            El sistema de apoyos tiene como finalidad acompañarlos para superar las barreras que dificultan o impiden el ejercicio de su capacidad jurídica. Barreras que tienen que ver con la capacidad de comprensión del significado de los actos jurídicos, con entender el alcance y efectos de sus decisiones, así como con la conformación de la decisión misma y la expresión de su voluntad. Las medidas de apoyo deben respetar la dignidad de la persona con discapacidad, ser las estrictamente necesarias y proporcionadas a sus circunstancias particulares, teniendo en cuenta siempre su voluntad, deseos y preferencias.

            Prevalecen aquellas que haya establecido voluntariamente la persona mediante escritura pública, en su ausencia, la guarda de hecho como medida estable, aunque de carácter no formal, y solamente en caso de no existir ninguna de estas dos modalidades, o ejercerse de modo perjudicial para la persona, se establecerá la curatela judicialmente. Por tanto, desaparece la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal las guardas de hecho, salvo que se observe un inadecuado ejercicio de estas por parte de los profesionales que tuvieran conocimiento de ello.

            En este sentido hay que recordar la obligación legal de cooperación entre Administraciones Públicas, establecida en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los profesionales deben colaborar con el Ministerio Fiscal y los Juzgados del orden civil, para facilitar su labor de revisar las sentencias de incapacitación anteriores a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, así como la detección de influencias indebidas, ausencia de medidas de apoyo que pudieran ser necesarias o inadecuado ejercicio de estas, en general. La elaboración de informes con el contenido necesario para valorar la necesidad de las medidas y las persona que resultaran idóneas para ejercerlas, facilita sin lugar a duda el trabajo a quien tiene que tomar decisiones en esta materia.

            En definitiva, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en el diseño de las políticas públicas, su implementación y la evaluación de estas, para lograr entre todos avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

PROBLEMAS, NECESIDADES, RETOS

    Acabo de terminar un nuevo MOOC del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) sobre Diseño y Práctica de la Evaluación de Políticas Públicas (Nivel Avanzado). La formación permanente de los empleados públicos es fundamental para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Afrontar los retos que nos presenta un mundo en continua transformación, requiere hacer políticas públicas fundadas en la evidencia y el conocimiento.

SOCIALDEMÓCRATAS HUÉRFANOS DE REPRESENTACIÓN.

Tras meses de profunda meditación sobre el rumbo por el que está conduciendo Pedro Sánchez al Partido Socialista Obrero Español, me he visto obligado a tomar la dolorosa decisión de abandonar mi militancia por una cuestión de principios. Esta decisión es resultado de un proceso de observación y análisis de las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos.

      Desde la transición democrática en España, el PSOE se ha caracterizado por liderar los procesos políticos atendiendo a los ideales de la socialdemocracia europea. La defensa de los valores de la democracia liberal representativa, del Estado social y democrático de Derecho, así como de la unidad de España garantizando la solidaridad entre las autonomías que la integran, han sido nuestras banderas como fuerza constitucionalista.

      Hoy nos encontramos con que, por un puñado de votos de un partido liderado por un prófugo de la justicia española, un partido supremacista que representa los intereses de las élites catalanas, se está dispuesto a traicionar todo lo que se defendió ante nuestros votantes y nuestros militantes. Se dijo que no habría amnistía, que Puigdemont rendiría cuentas ante la justicia, que la gobernabilidad de España no recaería sobre quienes tienen como objetivo romper nuestra convivencia. Ahora hasta se admite una velada acusación de “lawfare” a nuestros jueces, a los que se sitúa al borde de la sospecha de prevaricación por una pretendida injusta persecución de la insurrección independentista contra la Constitución.

      Es imposible construir un proyecto de gobierno progresista, sometiéndose al chantaje permanente de quienes no quieren compartir un presente y un futuro de convivencia fundados sobre el principio de solidaridad con el resto de los españoles. Pocas cosas son más reaccionarias que reclamar el derecho de los ricos a segregarse y desentenderse del destino de los que menos poseen.

        El PSOE está perdiendo a chorros con este tacticismo cortoplacista, con estos bandazos de cambios de opinión según convenga en cada momento, su credibilidad como fuerza política estructurante de la democracia española. El crédito se basa en la fiabilidad del liderazgo, en la fortaleza de ser fiel a unos valores éticos y en la capacidad de buscar nuevas alianzas con quienes compartimos principios democráticos, incluso desde las legítimas discrepancias ideológicas en muchas cuestiones.

     Así fue como el PSOE hizo frente al desafío independentista contra nuestra Constitución, apoyando al gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el 155. Así fue como el compañero socialista Patxi López llegó a ser el primer lehendakari no nacionalista de Euskadi con los votos del Partido Popular. Así fue como hicimos la Constitución de 1978, en aquellas conversaciones entre el compañero Alfonso Guerra y el Diputado de UCD Fernando Abril-Martorell.

     Sí se puede hacer política de otra manera, y tengo la intuición de que así desearían que la hiciéramos muchos españoles, tanto en la derecha como en la izquierda moderadas. Desde luego, del modo en que está conduciendo los acontecimientos nuestro secretario general no es posible seguir sintiéndose militante del Partido Socialista Obrero Español. De Ramón Rubial aprendimos que para los socialistas, “primero España, luego el PSOE y después nosotros, los militantes.”

LAS LIMITACIONES DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LOS GOBIERNOS

Resulta muy esclarecedora esta disertación del presidente Bartlet en la serie "El ala oeste de la Casa Blanca" sobre las limitaciones de la acción de los gobiernos sobre la economía. La realidad de nuestras economías de mercado en sociedades democráticas, en las que se respetan la libertad de empresa y el libre comercio, hacen especialmente vigente esta máxima. Estaría bien comenzar a tratar a los ciudadanos como adultos no generando expectativas imposibles de cumplir.

AUDACIA Y LIDERAZGO PARA UNA ESPAÑA MEJOR

Las urnas han hablado y se ha constituido el Congreso de la XV Legislatura. Terminó otra edición más de la fiesta de la democracia. Ahora viene la tarea más dura y difícil, recoger y arreglar de nuevo la casa común para organizar la convivencia, a ser posible con una solución que dure al menos cuatro años. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero tiene una aritmética imposible a primera vista para poder formar gobierno, porque la compañía de la ultraderecha repele el acercamiento de las derechas nacionalistas. El PSOE ha dejado de ser la fuerza política más votada pero mantiene el liderazgo del bloque de la izquierda, sin embargo, articular una nueva mayoría de gobierno pasa por frecuentar unas amistades más peligrosas aún que las de la legislatura anterior con el prófugo de Waterloo como árbitro concluyente.

    El gobierno del PSOE ha gestionado razonablemente las crisis que hemos atravesado durante la legislatura, pero comparar su gestión con la etapa que le toco al PP de Mariano Rajoy es tramposo. Los contextos en el análisis de las políticas son muy importantes y una Unión Europea en la que las reglas fiscales se han relajado facilita mucho las cosas. Ha permitido una expansión del gasto público para proteger a los golpeados por la pandemia y la guerra, al tiempo que se financian proyectos para reactivar la economía. No obstante, la euforia sobre los resultados de la política económica es poco realista. Se han hecho cosas como el Ingreso Mínimo Vital, que son un ejemplo de una buena idea deficientemente implementada, muy por debajo en su cobertura de lo proyectado según los informes de la AIReF. Se han tomado medidas para aliviar los efectos de la inflación en los bolsillos, que son poco o nada distributivas porque no distinguían en función de la renta de los que se beneficiaban de ellas. Para muchas personas de clase media empobrecidas por la inflación, escuchar el mensaje de que ‘la economía va como una moto’ les resulta ofensivo por estar muy alejado de su realidad de altos precios de los alimentos y subidas en sus hipotecas.

    Mi intuición es que lo que ha movilizado el voto no ha sido la economía y las políticas sociales, sino la amenaza de VOX en el gobierno de España. Las bravuconadas de Abascal han movilizado el voto progresista haciendo crecer el apoyo al ‘sanchismo’, incluso entre muchos escépticos con su gestión política. Su entrada en algunos gobiernos autonómicos y municipales de la mano del PP convirtió la hipotética amenaza para las libertades en realidades tangibles. La censura a la cultura, la negación de la violencia contra las mujeres y el ataque a la libertades de las personas LGTBI, encendieron todas las alertas y llamaron a las urnas para frenar esta escalada de la derecha extrema. El efecto Juanma Moreno, con su mayoría absoluta del PP en Andalucía, intuyo que tiene mucho que ver con su capacidad para distanciarse a tiempo de la tropa de Abascal.

    Y mientras tanto nos enfrentamos a graves problemas sociales y económicos que precisan de grandes acuerdos para poder afrontarlos con éxito. Los desafíos del cambio climático, que afectan a nuestro bienestar y a nuestra economía; el reto demográfico, que precisa de políticas públicas que concilien la atención a una creciente población mayor y el apoyo a nuestros jóvenes para que puedan iniciar proyectos de vida compatibles con tener hijos; la productividad de nuestras empresas, que requiere inversiones en I+D+i y formación del capital humano en un contexto de una economía que cabalga a lomos de la digitalización; son sólo algunos ejemplos de lo que debería estar en el centro de debate público sobre las políticas. Y no nos hagamos trampas con discursos ideológicos, que pueden parecer muy progresistas pero ocultan cuestiones ineludibles. Hablar de seguir subiendo el salario mínimo o reducir la jornada laboral, sin abordar cómo mejorar la productividad de nuestras empresas para que salgan las cuentas, resulta tan realista como contemplar unicornios voladores ante una puesta de sol.

    Es necesario romper esta inercia de bloques ideológicos paralizante, este atrincheramiento que hace imposible un diálogo capaz de construir soluciones, de encontrar respuestas a nuestros problemas comunes. Ejemplos tenemos de esa capacidad española de llegar a consensos. Realidades como los tan mencionados Pactos de la Moncloa, nuestra Constitución de 1978 o el Pacto de Toledo sobre las pensiones. Pero no hace falta ir tan lejos, la concertación social ha permitido hacer reformas en nuestro mercado de trabajo con grandes acuerdos durante la acción de este gobierno. Los extremos condicionan nuestra convivencia porque los dos grandes partidos se distancian de la centralidad política, dejándose seducir por los cantos de sirena de la polarización. Salir de esta inercia es posible si se actúa con determinación desde el PSOE y el PP, sería un gesto de audacia y liderazgo que agradeceríamos muchos ciudadanos que deseamos verlos trabajar juntos por una España mejor.

(La fotografía es del cuadro "El Abrazo" de Juan Genovés).

MARTIN RAVALLION Y EL ESTUDIO DE LA ECONOMÍA DE LA POBREZA

En su libro "The Economics of Poverty" el economista Martin Ravallion aborda cómo los modelos para explicar la pobreza han cambiado, poniendo el acento no tanto en los comportamientos erróneos de las personas que viven en ella, como en los factores de contexto económico, social y político que imponen limitaciones que les impiden salir de su trampa.

        Estamos observando como la distribución de los ingresos está evolucionando de manera muy desigual. La globalización de la economía ha traído como consecuencia que mientras desciende en el mundo la pobreza extrema, aumenta la pobreza relativa en las economías de los países más ricos. Los costes sociales de los ajustes que requieren las economías en crecimiento pueden ser altos y los beneficios que producen a menudo se distribuyen muy desigualmente. Los avances tecnológicos pueden crear más pobreza dejando a gente fuera del mercado de trabajo si no se toman las decisiones adecuadas. Las políticas contra la pobreza pueden jugar un rol positivo para proteger a las personas de los shocks económicos y climáticos, permitiendo procesos de transición justos.

        El gran cambio en el pensamiento sobre las políticas públicas en los últimos dos siglos ha sido el surgimiento de las políticas promocionales, enfocadas al desarrollo de las capacidades de las personas. La evidencia muestra la eficacia de las iniciativas de promoción del desarrollo humano en la lucha contra la pobreza en el largo plazo. La expansión de la educación, viene al paso de la creciente demanda de habilidades que requieren las tendencias del crecimiento económico, para que éste pueda ser más equitativo.

        El conocimiento juega un rol determinante en el camino hacia la erradicación de la pobreza. El análisis de datos, la influencia de investigaciones rigurosas elaboradas por centros de estudios y la evaluación de las experiencias en la implementación de políticas públicas nos ilustran sobre su eficacia y su impacto. La historia nos enseña que el avance en el conocimiento multidimensional del fenómeno y el aumento de la conciencia pública sobre el problema, pueden inclinar la balanza de las fuerzas políticas para fomentar reformas favorables a los pobres.

        El fenómeno de la pobreza tiene múltiples aristas y su conocimiento requiere abarcar otras dimensiones ajenas a los ingresos. Encuestas especializadas en la demografía y los factores de salud, por ejemplo, proporcionan información útil sobre los factores no relacionados con las rentas. Por otra parte, los ensayos aleatorios controlados son sólo una de las herramientas necesarias para seguir avanzando. Conocer en profundidad la realidad de la pobreza para ilustrar las políticas antipobreza requiere un enfoque más coordinado y holístico, para poder identificar y responder a las lagunas de conocimiento que nos apremian.

        Es una ingenuidad presuponer que el desarrollo económico supondrá automáticamente un nuevo ritmo de progreso contra la pobreza. Eso requerirá de buenas políticas hechas a medida y de buena suerte, sostiene Ravallion. El aumento de la desigualdad en nuestras ricas economías nos muestra como el crecimiento económico es un tren que suele pasar de largo para las personas pobres. Barreras en el acceso a escuelas de calidad o los cuidados de la salud profundizan en la brecha, que sólo puede cerrarse mediante políticas públicas que mejoren la calidad de los servicios para responder adecuadamente a sus necesidades. Los fallos de mercado son implacables con ellos y el Estado debe corregir sus inequidades.

        Concluye sosteniendo que "los mayores desafíos por delante son asegurar la voluntad política y las capacidades administrativas para implementar y hacer cumplir políticas sólidas contra la pobreza, y adaptarlas a las diferentes circunstancias y al conocimiento en evolución sobre su eficacia."