ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

En la evaluación del impacto de las decisiones de gasto en políticas públicas, suele estar ausente un enfoque que ponga la mirada analítica en el conjunto del presupuesto de las Administraciones. De este modo, las reducciones de inversión en un determinado programa se interpretan a priori como un ahorro, sin examinar el efecto que producen sobre otras partidas presupuestarias que atienden necesidades primordiales de la ciudadanía.

        Si dejar de prestar un servicio, o dejar de hacerlo con la intensidad que se precisa, supone un deterioro en las condiciones de las personas a las que va dirigido que tiene el efecto de aumentar el consumo de otros incluso más caros que los que hemos dejado de atender, el pretendido ahorro de dinero público se evapora pudiendo llegar incluso suponer hasta un incremento de gasto en el total del presupuesto.

        Es necesario dejar de tomar decisiones con la mentalidad de un esmerado contable con la visión limitada en cada ministerio, consejería o área, para ampliar el foco y realizar una análisis económico de las decisiones sobre las políticas públicas y su impacto en el conjunto del presupuesto, incluyendo sus efectos en la actividad económica y en el empleo.

        Un ejemplo interesante lo podemos encontrar en dos estudios publicados por FEDEA, en el que se analiza la relación entre la atención a las personas en situación de dependencia y el gasto sanitario desde dos perspectivas.

        El primer estudio es de 2016 y examina si la atención a la dependencia reduce los ingresos hospitalarios que pueden evitarse. La conclusión es elocuente, la expansión de la cobertura de la Ley de Dependencia mejora la eficiencia del sistema de salud, reduciendo las hospitalizaciones de las personas que reciben cuidados y haciendo más breves las estancias hospitalarias en el caso de que se produzcan. En conjunto, el estudio estima el ahorro en hasta un 11% de los costes relacionados con las hospitalizaciones de estos colectivos. Estos resultados sugieren que estas políticas públicas contribuyen a reducir las ineficiencias en la atención hospitalaria, minorando específicamente su número, frecuencia y duración. La coordinación sociosanitaria, por consiguiente, puede aumentar el ahorro total en el gasto público y mejorar la eficiencia si se mantiene una adecuada atención a la dependencia.

        El segundo estudio es de 2021 y aborda el efecto de los beneficios de la atención a las personas en situación de dependencia sobre el uso de la atención médica. Considera que el aumento de la esperanza de vida y las enfermedades crónicas de las persona mayores, tienen un efecto directo en los sistemas de salud aumentando la presión asistencial. La implementación de buenos sistemas de cuidados a largo plazo para la población dependiente, contribuye a reducir esta presión puesto que promueve hábitos preventivos y la adherencia a los tratamientos médicos, reduciendo los ingresos hospitalarios relacionados con la edad. Estima que la atención a las personas dependientes supone una reducción del 60% de las hospitalizaciones evitables, así como las visitas no programadas de pacientes a los centros de atención sanitaria. En definitiva, la asignación de recursos presupuestarios a la Ley de Dependencia puede no sólo aumentar el bienestar de los beneficiarios del sistema de cuidados, sino también contribuir sólidamente a contener el aumento de los costes de la sanidad.

        Y a todo ello debemos sumar el efecto de la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en la economía y en el empleo. El estudio “La atención a la dependencia como motor de desarrollo económico” elaborado por la profesora Belén Díaz Díaz de la Universidad de Cantabria, publicado en la Revista Internacional de Sociología en 2014, muestra que la tasa de retorno de los recursos asignados es muy alta, de cada euro, 0,59 retornan a la Administración; el sector de atención a la dependencia es intensivo en mano de obra, estimando que la generación de empleo asciende a 36 trabajadores por cada millón de euros de gasto de la Administración; el multiplicador de la producción asciende a 2,38, de manera que por cada euro invertido por la Administración en el sector, la producción aumenta 2,38 euros. Tiene además otros efectos en la economía tremendamente positivos: la capacidad de generar empleo y riqueza vinculados a la innovación y el desarrollo tecnológico, la oportunidad de racionalizar el gasto sanitario con alternativas de menor coste y socialmente más eficaces como hemos visto, y la oportunidad de reducir el coste de oportunidad de las familias que se quedan sin posibilidad de trabajar fuera del hogar por tener que atender a un familiar.

        Por todo ello, el dinero que se emplea en las políticas de atención a la dependencia más que un gasto es una buena inversión, no solamente económica por los efectos positivos descritos, sino también por la cohesión social y la mejora del bienestar individual y colectivo, tan necesarios para sustentar la esperanza en el bien común y la convivencia cívica como sólidos cimientos de las democracias, con la mirada puesta en hacer una España mejor.

Enlaces a los documentos de los estudios mencionados:

Estudio FEDEA 2016 atención a la dependencia y gasto hospitalario

Estudio FEDEA 2021 efectos de la atención a la dependencia sobre el uso de los servicios sanitarios

La atención a la dependencia como motor de desarrollo económico

Artículo publicado en el Confidencial Andaluz el 31 de enero de 2022:

Políticas públicas y dependencia

EL MÉRITO Y EL BIEN COMÚN EN LAS DEMOCRACIAS

En su libro “La tiranía del mérito” Michael Sandel se pregunta, ¿qué ha sido del bien común? Una pregunta en torno al triunfo del discurso sobre la meritocracia en las sociedades contemporáneas y sus efectos en las clases trabajadoras más desfavorecidas, que se traduce en sentimientos de humillación y baja estima de la dignidad de sus ocupaciones, alimentando los discursos oportunistas de los populismos autoritarios que socavan los pilares de la convivencia en nuestras democracias.

            La meritocracia surge con una pretensión de fundamentar en valores de eficiencia y equidad el ascenso social. Por una parte, resulta más eficiente asignar los puestos más elevados en la jerarquía social y productiva a las personas que han logrado mejores cualificaciones profesionales. Por otra parte, basar el ascenso a las posiciones más altas en el esfuerzo personal se corresponde con una mayor equidad frente a los factores hereditarios en la transmisión de puestos jerárquicos.

        Sin embargo, el planteamiento choca con la realidad de nuestras sociedades. En primer lugar, el credencialismo de las titulaciones universitarias hace que prácticamente la única manera de acreditar la alta cualificación para un puesto directivo sea tener estudios superiores, descartando cualquier oportunidad para que personas con otras altas cualificaciones profesionales y experiencia contrastada puedan llegar a ser seleccionadas. En segundo lugar, el talento que es un factor innato sujeto a la fortuna de nacer con él, así como la suerte que proviene del azar, juegan un papel importante en la gestión de las oportunidades para el acceso a los puestos más elevados y no dependen de nuestro esfuerzo personal.

        Los efectos de esta “meritocracia” se traducen en una retórica de la responsabilidad individual, según la cual cada cual tiene lo que se merece y quienes ocupan las posiciones más desfavorecidas cosechan el fracaso que se han ganado, olvidando los factores estructurales y de desigualdad social que hacen que las oportunidades para prepararse en la dura competencia meritocrática no estén repartidas equitativamente en la realidad. Todo esto hace que quienes ocupan las posiciones más altas en la jerarquía social y económica miren con soberbia a los más desfavorecidos, justificando el enorme abismo en la desigualdad de rentas en que es el resultado de su esfuerzo individual, al tiempo que provoca un sentimiento de humillación, frustración y falta de reconocimiento entre quienes no han logrado alcanzar el “éxito”.

            Con este panorama están sembradas las condiciones para la cosecha por parte de las fuerzas políticas populistas, que elaboran discursos que convierten la ira y el resentimiento de los más desfavorecidos en propuestas autoritarias de odio al diferente y de movilización contra las élites corruptas que se han adueñado del poder político en las democracias para oprimir a los honrados trabajadores. Es el discurso de Trump en Estados Unidos, o el de Podemos y VOX en nuestro país. Se trata de iniciativas políticas desde la extrema izquierda y la extrema derecha que polarizan nuestra convivencia y ponen en peligro nuestras democracias. Y lo hacen con recetas sin fundamentos racionales viables para resolver los problemas de la gente que peor lo está pasando con la globalización, asentadas de un modo simplista sobre un autoritarismo que propone mano dura con los políticos corruptos que se han vendido al IBEX 35, a George Soros, a Bill Gates, o a la agenda 2030 globalista.

           Es necesario empezar a considerar de otra manera el modo de organizar, valorar y distribuir las posiciones en nuestras sociedades y en nuestro sistema productivo. Es bueno que los puestos en los gobiernos, la administración y las empresas estén capitaneados por personas con un alto nivel educativo y una buena cualificación técnica, pero no resulta menos relevante que se caractericen por lo que Artistóteles denominaba “sabiduría práctica y virtud cívica”, el saber ocuparse de alcanzar el bien común en el que todos interdependemos unos de otros. Es lo que Axel Honneth denomina “el trabajo como actividad integradora”, una forma de cumplir desde el puesto que desempeñamos con nuestra obligación de contribuir al bien común.

            Hay que hacer un esfuerzo por reconocer que el éxito en la vida no tiene necesariamente que estar vinculado a obtener un grado universitario, por potenciar la formación profesional y técnica de los trabajadores, por aumentar el prestigio de las profesiones, que es bueno para la economía y contribuye al respeto de las labores de la clase trabajadora. Lo que concita la ira de los más desfavorecidos por la globalización es la pérdida de su reconocimiento y su estima. El papel de todos los profesionales como productores de bienes y servicios que contribuyen al bien común es un acto de justicia democrática. La definición del bien común requiere una deliberación con nuestros conciudadanos acerca de cómo conseguir una sociedad justa y buena, que cultive la virtud cívica y haga posible que razonemos todos juntos sobre los fines dignos y adecuados para nuestra comunidad política, en un proyecto inclusivo donde la aportación de todos merezca la estima y el reconocimiento mutuo.

El IMPACTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN 2020 EN LA ECONOMÍA DE ANDALUCÍA Y SU INCIDENCIA EN EL PIB.

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha publicado un estudio elaborado por la Universidad de Málaga, en el que se realiza un interesante estudio en el que se evalúan los resultados de la inversión en políticas sociales en la economía andaluza.

    Se aborda el estudio desde un enfoque que considero muy pertinente en la evaluación de las políticas públicas, con una metodología que mide su impacto en la economía y por tanto en el empleo, observando cómo la inversión pública produce un efecto dinamizador de la actividad que incide de modo directo en el PIB.

    El Sistema de Servicios Sociales en Andalucía se sustenta sobre un modelo integrado por agentes públicos y privados, teniendo como finalidad permitir el acceso a sus prestaciones asistenciales a la población que los precisa, sin que su capacidad económica suponga un obstáculo para la atención de sus necesidades. El valor de los servicios sociales en 2020 ascendió a 3.905 millones de euros (el 2,5% del PIB andaluz), de los que 2.501 correspondieron al sector público y 1.404 a la iniciativa privada.

    La magnitud de la función dinamizadora de iniciativas de carácter social que corresponde a la Junta de Andalucía, supone que por cada euro invertido en políticas sociales, se consiguen movilizar 82,6 céntimos adicionales financiados con recursos propios de las entidades, o por los usuarios que los adquieren participando en el coste de los mismos mediante precios públicos.

    El conjunto de los programas de políticas sociales movilizan a un total de 105.295 trabajadores, lo que supone el 3,6% de la totalidad del empleo en Andalucía. Se trata de una actividad intensiva en el uso del factor trabajo por sus propias características, donde la atención a las personas por profesionales es difícilmente sustituible, correspondiendo la mayor parte de los empleos al sector privado (62,5%).

    El impacto indirecto de la inversión por la Junta de Andalucía en políticas sociales, produce un efecto multiplicador en el conjunto de la economía andaluza de 1,274 y el 1,8% del PIB andaluz. Esto significa que por cada 100 euros destinados a estas políticas públicas, se genera en Andalucía un volumen de actividad económica de 127,4 euros. Las rentas fiscales derivadas de los impactos directos e indirectos sobre la producción ascienden a 55,1 y 15,9 millones de euros respectivamente, que suponen retornos a la Hacienda Pública de lo invertido por las Administraciones.

    Además de los impactos directos e indirectos sobre la economía y sus efectos sobre el empleo, el valor añadido y la recaudación fiscal, se produce un efecto inducido sobre la producción que opera a través del consumo. Una parte de las rentas percibidas por quienes producen los bienes y servicios que demandan las políticas sociales, termina regresando al circuito de producción en forma de demanda adicional de bienes y servicios de consumo, que en este caso ha sido de 325 millones de euros. La actividad productiva necesaria para satisfacer esta nueva demanda de consumo, que se denomina producción inducida, se estima en 468,8 millones de euros.

    A modo de conclusión, la inversión en políticas públicas tiene efectos positivos en la sociedad, en la medida que responde a problemas, necesidades y retos de interés general, al tiempo que contribuye al crecimiento de la riqueza y el empleo de un modo considerable.

En este enlace se puede acceder al documento:

El impacto de las políticas sociales en 2020 en la economía de Andalucía y su incidencia en el PIB

ANARCOCAPITALISMO

 

En las clases de ciencia política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, el catedrático José Luis García de la Serrana nos recordaba siempre con su provocadora lucidez que el papel de la disciplina que enseñaba era el de “desvelar coartadas”. Esos trampantojos intelectuales que tienen como propósito enmascarar la verdadera naturaleza de algunas ideologías, disfrazándolas con un manto de nobles vestimentas éticas. Y eso es lo que hace con su brillantez y erudición características el profesor José María Lassalle en su libro ´El liberalismo herido´. Deja al descubierto a la bestia totalitaria del capitalismo salvaje que promueve el “neoliberalismo”, que intenta disfrazarse con los elementos propios del pensamiento liberal para aparentar defender el noble principio de la libertad del ser humano.

        Los voceros “neoliberales” construyen una suerte de neolengua económica manipulando la obra de Adam Smith, el inspirador de la teoría económica del liberalismo y autor de una de las obras clásicas de la economía política, ´La riqueza de las naciones´. Comienzan por despojarlo de sus raíces republicanas y de su teoría de los sentimientos, que constituyen para él el fundamento moral de la política y de la convivencia colectiva, y la razón por la cual los gobiernos debían promover una dinámica de cooperación entre los seres humanos. La idea de la necesidad de una buena regulación del comercio y de los mercados está presente también en su obra, considerando que regular los mercados permite impedir la arbitrariedad que acompaña a la “mezquina rapacidad y el espíritu de monopolio de los mercaderes y manufactureros, los cuales ni son ni deben ser los gobernantes de la humanidad”.

        Tal como recuerda Tony Judt en ´Postguerra´, el capitalismo tal como había surgido en el mundo atlántico durante cuatro siglos, fue acompañado de leyes, instituciones, reglamentos y prácticas de los que dependían enormemente su funcionamiento y legitimidad. Tras la Segunda Guerra Mundial tanto socialdemócratas, como conservadores, democristianos y liberales de talante moderado, coincidieron en el consenso en torno a la necesidad de construir políticas públicas coherentes con una defensa de la política social del Estado. “Esto benefició a socialdemócratas y democristianos, perjudicando a los fascistas y los comunistas”, apostilla Judt. Sin duda fueron buenas noticias para las democracias. Pero parafraseando a Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el consenso en torno al Estado social?

        Con la globalización a finales del siglo XX el Estado emprendió una progresiva retirada. Los discípulos de Hayek y Friedman comienzan a ganar la batalla ideológica cabalgando a la grupa de una reformulación del capitalismo disfrazada de liberal pero cargada de pulsiones autoritarias liberticidas. Dani Rodrik en su libro ´La paradoja de la globalización´ plantea la necesidad de abordar en una economía globalizada la regulación del comercio internacional, mediante normas de orden público similares a las que afectan a la seguridad alimentaria o de los medicamentos, en aspectos relacionados con las condiciones laborales, las normas medioambientales y la fiscalidad de los países donde se producen bienes y servicios, para que sea factible una auténtica competencia sin las trampas del dumping entre economías nacionales. Se lograría hacer desaparecer los incentivos espurios para la deslocalización de la producción industrial, siendo el incentivo primordial mejorar la calidad de lo que se produce, hacerlo mejor que la competencia, no más barato a base de bajar salarios y degradar las condiciones laborales. Una regulación favorecedora del libre comercio en condiciones de igualdad, con reglas justas para todos que nos conjuren del abuso de los que intentan jugar con la ventaja de ser los más fuertes del patio en mercados altamente desregulados.

        Dejemos de llamar “neoliberalismo” a lo que es puro “anarcocapitalismo”. Un imperio de la fuerza pura y dura del dinero, donde quienes concentran grandes cantidades de capital logran imponer su voluntad y hacer valer sus intereses por encima incluso de los gobiernos democráticos, en un panorama terrorífico que evoca a aquella memorable película de Pasolini ´Saló o los 120 días de Sodoma´, en la que se representa una república donde no imperaba más ley que el ejercicio brutal de la fuerza. Porque la libertad tiene que tener siempre en cuenta sus condiciones de realización, que son sociales y se desarrollan en colectividad. La libertad individual debe estar conectada con el bien común, siendo necesario dotarse mediante leyes de instituciones que garanticen un sistema de protección para preservarla de tentaciones totalitarias. Cicerón nos recordaba que “la fuerza es el derecho de las bestias” y que por lo tanto “somos esclavos de las leyes para poder ser libres”. Hagamos buenas políticas, buenas regulaciones, buenas leyes, para ser hombres y mujeres libres y defender nuestras democracias.

SI QUIERES QUE SALGA BIEN, PLANIFICA

        Acabo de concluir otra más que inspiradora experiencia formativa con el último MOOC del IAAP (Instituto Andaluz de Administración Pública), que versa sobre la “Elaboración de Planes Estratégicos en las Administraciones Públicas”, que junto a los dos anteriores cursados en torno a la “Evaluación de Políticas Públicas” y la “Planificación y Gestión de proyectos” completan un círculo virtuoso de mejora de mi cualificación en torno a la gestión profesional de las políticas públicas.

        La planificación estratégica resulta fundamental a la hora de llevar a cabo una gestión eficiente de las iniciativas que ponen en marcha los gobiernos para la resolución de problemas de la ciudadanía, la respuesta a las necesidades detectadas y la movilización de recursos para dar respuesta a los retos de un mundo globalizado en permanente cambio.

        Se trata de conocer la metodología y herramientas adecuadas para realizar una buena planificación estratégica, que permita optimizar los recursos disponibles y alcanzar de un modo eficiente los objetivos propuestos. Todo ello desde un enfoque teórico de gran nivel y con una dinámica orientada a reafirmar los conocimientos mediante su aplicación práctica.

        Los contenidos que se abordan comprenden los conocimientos necesarios para el diseño de un Plan Estratégico dentro de la Administración Pública en cada una de sus fases:

• FASE 1: Tareas preparatorias.

• FASE 2: Definición de misión, visión y valores.

• FASE 3: Análisis y diagnóstico.

• FASE 4: Marcar las prioridades políticas.

• FASE 5: Determinación de objetivos estratégicos y estrategias.

• FASE 6: Elementos para la implementación del Plan.

• FASE 7: Diseño del modelo de Seguimiento y Evaluación.

• FASE 8: Redacción del Plan Estratégico.

• FASE 9: Evaluación ExAnte. Evaluabilidad.

        En definitiva, una experiencia muy recomendable que os animo a emprender en próximas convocatorias del IAAP, a cuyos profesionales quiero felicitar por la excelente labor formativa que llevan a cabo desde Andalucía.

Más información sobre el MOOC en este enlace:

MOOC IAAP "Elaboración de Planes Estratégicos en las Administraciones Públicas".