Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados.

El problema de la vivienda en España se ha situado con fuerza en la agenda política y se va a mantener candente mientras no avancemos hacia una solución. Su dimensión y características lo han convertido en transversal, con una población sufriente cada vez más numerosa que ve algo imposible conseguir una vivienda donde desarrollar su proyecto de vida y con unos impactos negativos en la economía cada vez mejor identificados.

El 65% de los hogares que viven de alquiler emplean más del 25% de sus ingresos en pagar su vivienda, el 31 % más del 40%. Dos de cada tres jóvenes entre 18 y 34 años se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres. Con estos datos podemos llegar a dos conclusiones. El encarecimiento del precio de la vivienda supone un factor de empobrecimiento de las clases medias trabajadoras, con el consiguiente efecto negativo sobre la capacidad de gasto de las familias. Formar un hogar es una decisión que los jóvenes se ven obligados a posponer, con un efecto negativo sobre la natalidad que contribuye a empeorar el problema demográfico de envejecimiento de la población.

El elevado precio de la vivienda tiene un impacto negativo en la economía al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar, afecta a las posibilidades de movilidad laboral. Si el coste de alquilar una casa es inasumible con proporción a los salarios, el mercado de trabajo se resiente y se fracciona. Las oportunidades laborales se ven desaprovechadas y solamente los trabajadores más cualificados tendrán la posibilidad de desplazarse en busca de los empleos mejor remunerados. En segundo lugar, una parte considerable del capital invierte en vivienda por la alta rentabilidad que reporta. Una muestra de ello es la proliferación de las viviendas destinadas a alquiler turístico que ha hecho explosionar el mercado de vivienda. Esto incentiva la extracción de rentas en detrimento de la inversión en innovación y tecnología, que incrementaría la competitividad y productividad de nuestras empresas, generando más empleo y de mayor calidad.

La vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido y no una mercancía, en eso estamos de acuerdo. Como estaremos de acuerdo en que nuestro sistema político constitucional es la democracia liberal en la que la propiedad privada y la economía de mercado son ideas consustanciales. El mercado de la vivienda es una realidad a la que no podemos dar la espalda, pues establece las condiciones para poder realizar este derecho. Existe un amplio consenso en que en una situación de crecimiento de la demanda la mejor manera de que los precios se moderen es incrementar la oferta.

Como vemos el problema es complejo, tiene múltiples causas y efectos, y requiere de amplios consensos para ponernos a solucionarlo. John Rawls planteaba que los consensos entrecruzados en las sociedades democráticas, donde el pluralismo es un rasgo característico, juegan un papel fundamental para lograr la estabilidad que exigen las políticas públicas para desplegar efectos sostenidos en el tiempo. Para ello es necesario establecer una discusión racional en torno a los problemas, basar la discusión en razones públicas asumibles por la mayoría independientemente de sus creencias particulares y buscar puntos de encuentro en torno a valores compartidos y soluciones equitativas.

Apelando a la justicia social es necesario poner en marcha un plan para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. El modelo de Viena es un ejemplo. Este mismo principio de justicia obliga a proteger a los más vulnerables, pero no puede ser a costa del derecho constitucional a la propiedad privada. Es preciso dar seguridad jurídica a los propietarios ante el riesgo de impago para estimular el alquiler residencial, asumiendo las Administraciones el apoyo económico a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones.

Apelando a la eficiencia económica es necesaria una mejor regulación del alquiler de vivienda con fines de alojamiento turístico. Esta actividad se desarrolla en ocasiones en la economía sumergida y supone una competencia desleal para el tejido empresarial del negocio hotelero, que genera más empleo, más estable y de más calidad. Además, su expansión desmesurada produce multitud de externalidades negativas en el espacio público de las ciudades.

Apelando a la iniciativa empresarial y la economía de mercado es necesario eliminar las barreras que dificultan la construcción de las viviendas que demanda la sociedad. Simplificar procedimientos administrativos, establecer un sistema de ventanilla única para la obtención de licencias y proporcionar un marco regulatorio estable en el tiempo que proporcione seguridad a las inversiones, son algunas de las iniciativas que los expertos ponen sobre el tablero para abordar esta cuestión. Todo ello junto a incentivos fiscales para estimular la promoción de viviendas asequibles y desincentivos que graven los suelos que no se activen para la construcción de nuevas casas.

En definitiva, un gran plan de vivienda que movilice a Administraciones Públicas, promotores y constructores, propietarios de vivienda y ciudadanía afectada por el problema, en el que todos encuentren reconocidos parte de sus intereses y nos ponga a caminar juntos. El futuro nos va en ello, como en tantas otras cosas importantes.

Publicado en La Opinión de Málaga el 29 de octubre de 2024.

Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados