Es imposible pensar en un proyecto de vida sin un lugar en el que vivir. Nuestra Constitución declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Por lo tanto, no es opcional hacer políticas públicas de vivienda, sino que es una obligación jurídica que surge del mandato constitucional.
Este precepto se
encuentra dentro del capítulo dedicado a establecer los principios rectores de
la política social y económica. Y no se equivocaba el constituyente, puesto que
los efectos del creciente problema de la dificultad para acceder a la vivienda
tienen efectos negativos en la sociedad y en la economía.
El Banco de España
identifica entre los efectos adversos de las dificultades de acceso a la
vivienda en su dimensión social, el empobrecimiento de las familias por el alto
porcentaje de ingresos destinado a la vivienda, tanto si es para el pago de las
hipotecas afectadas por las subidas de tipos de interés, como para hacer frente
al desbocado precio de los alquileres. Esta realidad retrasa la formación de
hogares, reduciendo la natalidad e incrementando el problema demográfico de
envejecimiento de la población. En la vertiente económica, supone una
dificultad para localizar a los trabajadores precisamente en las áreas
geográficas más productivas, reduciendo considerablemente su movilidad,
especialmente entre los jóvenes, lo que supone un freno para el desarrollo del
crecimiento potencial de nuestro PIB.
Hay trabajos muy serios en España sobre esta materia, de los que expondré algunos ejemplos significativos. Desde FEDEA se estima que resulta necesario dar un nuevo rumbo a la política de vivienda. Su diagnóstico identifica las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como contraproducentes, con un efecto no deseado consistente en la reducción de la oferta que ha impulsado aún más los precios al alza. Propone adoptar medidas que faciliten la construcción de vivienda de promoción pública y de iniciativa privada reduciendo costes.
El think tank
progresista Future Policy Lab realiza una serie de propuestas encaminadas a
incrementar la oferta de vivienda disponible en el mercado. Establecer una
fiscalidad mayor sobre las viviendas desocupadas y las segundas residencias,
junto con una expansión del parque de vivienda pública destinada al alquiler,
normalizar la intermediación pública en el alquiler para fomentar la confianza
de los propietarios y la seguridad de los inquilinos, así como establecer un
régimen fiscal especial para los promotores de vivienda asequible que incentive
esta iniciativa.
La irrupción expansiva
del alquiler turístico en las ciudades ha atraído inversión especulativa hacia
el mercado de la vivienda, buscando la obtención de sustanciosas rentas al
tiempo que se minimiza el riesgo de las operaciones. Para revertir esta situación
debe plantearse una regulación más restrictiva del uso de la vivienda
residencial con fines de alquiler turístico, al tiempo que se proporciona mayor
seguridad jurídica a los arrendadores ante el riesgo de impago. La protección
del derecho a la vivienda de las familias vulnerables es responsabilidad de las
Administraciones y sus políticas sociales, no puede trasladarse a los
propietarios de vivienda, en muchos casos pequeños ahorradores que ven en el
alquiler un complemento de su renta tras la jubilación. La Ley de Medidas de
Fomento del Alquiler de Viviendas, promovida por Carme Chacón en su etapa como
ministra de Vivienda en 2009, iba en esta línea simplificando y agilizando los
procedimientos de desahucio por impago de rentas a pequeños propietarios.
Como se apunta en el libro
‘Un país posible’, dirigido por Toni Roldán, para los problemas de vivienda no
existen soluciones milagrosas ni políticas infalibles. Sí son necesarias dos
condiciones para un buen diseño de las iniciativas. En primer lugar, una
política de vivienda mantenida en el tiempo con independencia del partido político
que gobierne, que es parte del secreto del potente parque de vivienda social de
Viena. En segundo lugar, dos principios básicos para guiar estas políticas a
largo plazo: que las viviendas financiadas con dinero público no puedan salir
nunca del parque público y que la mayoría de las viviendas construidas con subvenciones
públicas se destinen al alquiler asequible.
El problema se ha
situado como una emergencia en la agenda política, en sus dos dimensiones,
social y económica. Tengo la impresión de que es un tema transversal entre toda
la ciudadanía, independientemente de cuál sea el partido político de su
preferencia al ejercer su derecho democrático al voto. Esta dura realidad
dificulta los proyectos vitales de muchas personas, afectando especialmente a
la población más joven. Y sus padres y abuelos comparten su sufrimiento, porque
sienten que ellos tuvieron mejores oportunidades para tener una vivienda que
sus hijos y sus nietos. La pérdida de la esperanza en un porvenir es una
peligrosa emoción para la estabilidad política de las sociedades democráticas.
Urge por lo tanto un debate en profundidad sobre este problema, buscando
soluciones basadas en el rigor, la evidencia, y el compromiso leal entre
actores políticos, aunque no sean ‘chulísimas’ sino pragmáticas y útiles.
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