La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha publicado un estudio elaborado por la Universidad de Málaga, en el que se realiza un interesante estudio en el que se evalúan los resultados de la inversión en políticas sociales en la economía andaluza.
Se aborda el estudio desde un enfoque que considero muy pertinente en la evaluación de las políticas públicas, con una metodología que mide su impacto en la economía y por tanto en el empleo, observando cómo la inversión pública produce un efecto dinamizador de la actividad que incide de modo directo en el PIB.
El Sistema de Servicios Sociales en Andalucía se sustenta sobre un modelo integrado por agentes públicos y privados, teniendo como finalidad permitir el acceso a sus prestaciones asistenciales a la población que los precisa, sin que su capacidad económica suponga un obstáculo para la atención de sus necesidades. El valor de los servicios sociales en 2020 ascendió a 3.905 millones de euros (el 2,5% del PIB andaluz), de los que 2.501 correspondieron al sector público y 1.404 a la iniciativa privada.
La magnitud de la función dinamizadora de iniciativas de carácter social que corresponde a la Junta de Andalucía, supone que por cada euro invertido en políticas sociales, se consiguen movilizar 82,6 céntimos adicionales financiados con recursos propios de las entidades, o por los usuarios que los adquieren participando en el coste de los mismos mediante precios públicos.
El conjunto de los programas de políticas sociales movilizan a un total de 105.295 trabajadores, lo que supone el 3,6% de la totalidad del empleo en Andalucía. Se trata de una actividad intensiva en el uso del factor trabajo por sus propias características, donde la atención a las personas por profesionales es difícilmente sustituible, correspondiendo la mayor parte de los empleos al sector privado (62,5%).
El impacto indirecto de la inversión por la Junta de Andalucía en políticas sociales, produce un efecto multiplicador en el conjunto de la economía andaluza de 1,274 y el 1,8% del PIB andaluz. Esto significa que por cada 100 euros destinados a estas políticas públicas, se genera en Andalucía un volumen de actividad económica de 127,4 euros. Las rentas fiscales derivadas de los impactos directos e indirectos sobre la producción ascienden a 55,1 y 15,9 millones de euros respectivamente, que suponen retornos a la Hacienda Pública de lo invertido por las Administraciones.
Además de los impactos directos e indirectos sobre la economía y sus efectos sobre el empleo, el valor añadido y la recaudación fiscal, se produce un efecto inducido sobre la producción que opera a través del consumo. Una parte de las rentas percibidas por quienes producen los bienes y servicios que demandan las políticas sociales, termina regresando al circuito de producción en forma de demanda adicional de bienes y servicios de consumo, que en este caso ha sido de 325 millones de euros. La actividad productiva necesaria para satisfacer esta nueva demanda de consumo, que se denomina producción inducida, se estima en 468,8 millones de euros.
A modo de conclusión, la inversión en políticas públicas tiene efectos positivos en la sociedad, en la medida que responde a problemas, necesidades y retos de interés general, al tiempo que contribuye al crecimiento de la riqueza y el empleo de un modo considerable.
En este enlace se puede acceder al documento:
El impacto de las políticas sociales en 2020 en la economía de Andalucía y su incidencia en el PIB
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