martes, 16 de julio de 2024

Reflexiones en torno a las políticas de vivienda.

Es imposible pensar en un proyecto de vida sin un lugar en el que vivir. Nuestra Constitución declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Por lo tanto, no es opcional hacer políticas públicas de vivienda, sino que es una obligación jurídica que surge del mandato constitucional. 

Este precepto se encuentra dentro del capítulo dedicado a establecer los principios rectores de la política social y económica. Y no se equivocaba el constituyente, puesto que los efectos del creciente problema de la dificultad para acceder a la vivienda tienen efectos negativos en la sociedad y en la economía.


El Banco de España identifica entre los efectos adversos de las dificultades de acceso a la vivienda en su dimensión social, el empobrecimiento de las familias por el alto porcentaje de ingresos destinado a la vivienda, tanto si es para el pago de las hipotecas afectadas por las subidas de tipos de interés, como para hacer frente al desbocado precio de los alquileres. Esta realidad retrasa la formación de hogares, reduciendo la natalidad e incrementando el problema demográfico de envejecimiento de la población. En la vertiente económica, supone una dificultad para localizar a los trabajadores precisamente en las áreas geográficas más productivas, reduciendo considerablemente su movilidad, especialmente entre los jóvenes, lo que supone un freno para el desarrollo del crecimiento potencial de nuestro PIB.

Hay trabajos muy serios en España sobre esta materia, de los que expondré algunos ejemplos significativos. Desde FEDEA se estima que resulta necesario dar un nuevo rumbo a la política de vivienda. Su diagnóstico identifica las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como contraproducentes, con un efecto no deseado consistente en la reducción de la oferta que ha impulsado aún más los precios al alza. Propone adoptar medidas que faciliten la construcción de vivienda de promoción pública y de iniciativa privada reduciendo costes.

El think tank progresista Future Policy Lab realiza una serie de propuestas encaminadas a incrementar la oferta de vivienda disponible en el mercado. Establecer una fiscalidad mayor sobre las viviendas desocupadas y las segundas residencias, junto con una expansión del parque de vivienda pública destinada al alquiler, normalizar la intermediación pública en el alquiler para fomentar la confianza de los propietarios y la seguridad de los inquilinos, así como establecer un régimen fiscal especial para los promotores de vivienda asequible que incentive esta iniciativa.

La irrupción expansiva del alquiler turístico en las ciudades ha atraído inversión especulativa hacia el mercado de la vivienda, buscando la obtención de sustanciosas rentas al tiempo que se minimiza el riesgo de las operaciones. Para revertir esta situación debe plantearse una regulación más restrictiva del uso de la vivienda residencial con fines de alquiler turístico, al tiempo que se proporciona mayor seguridad jurídica a los arrendadores ante el riesgo de impago. La protección del derecho a la vivienda de las familias vulnerables es responsabilidad de las Administraciones y sus políticas sociales, no puede trasladarse a los propietarios de vivienda, en muchos casos pequeños ahorradores que ven en el alquiler un complemento de su renta tras la jubilación. La Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas, promovida por Carme Chacón en su etapa como ministra de Vivienda en 2009, iba en esta línea simplificando y agilizando los procedimientos de desahucio por impago de rentas a pequeños propietarios.

Como se apunta en el libro ‘Un país posible’, dirigido por Toni Roldán, para los problemas de vivienda no existen soluciones milagrosas ni políticas infalibles. Sí son necesarias dos condiciones para un buen diseño de las iniciativas. En primer lugar, una política de vivienda mantenida en el tiempo con independencia del partido político que gobierne, que es parte del secreto del potente parque de vivienda social de Viena. En segundo lugar, dos principios básicos para guiar estas políticas a largo plazo: que las viviendas financiadas con dinero público no puedan salir nunca del parque público y que la mayoría de las viviendas construidas con subvenciones públicas se destinen al alquiler asequible.

El problema se ha situado como una emergencia en la agenda política, en sus dos dimensiones, social y económica. Tengo la impresión de que es un tema transversal entre toda la ciudadanía, independientemente de cuál sea el partido político de su preferencia al ejercer su derecho democrático al voto. Esta dura realidad dificulta los proyectos vitales de muchas personas, afectando especialmente a la población más joven. Y sus padres y abuelos comparten su sufrimiento, porque sienten que ellos tuvieron mejores oportunidades para tener una vivienda que sus hijos y sus nietos. La pérdida de la esperanza en un porvenir es una peligrosa emoción para la estabilidad política de las sociedades democráticas. Urge por lo tanto un debate en profundidad sobre este problema, buscando soluciones basadas en el rigor, la evidencia, y el compromiso leal entre actores políticos, aunque no sean ‘chulísimas’ sino pragmáticas y útiles.


jueves, 28 de diciembre de 2023

PROTOCOLO ENTRE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y ASOCIACIONES BANCARIAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA GUARDA DE HECHO

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, la guarda de hecho de las personas con discapacidad, principalmente mediante la proporción de apoyos en procedentes de su entorno familiar, ha venido suscitando problemas de reconocimiento ante las entidades financieras. Para dar respuesta a esta cuestión, el pasado mes de julio se publicó un documento interpretativo del Protocolo Marco suscrito entre la Fiscalía General del Estado y las Asociaciones Bancarias.


    En este documento queda fuera de toda duda que la guarda de hecho es una institución jurídica cuya eficacia se reconoce directamente por ministerio de la ley. Se contempla como un medio de apoyo duradero que prevalece respecto de las medidas de apoyo judiciales. Por lo tanto, donde exista una guarda de hecho adecuada y suficiente, deberá reconocerse al guardador el ejercicio de las facultades para las que la misma lo habilita.

    Dado que nos encontramos ante una institución de carácter informal y de hecho, el ordenamiento no exige ninguna forma predeterminada de acreditación de su realidad, ni un título formal habilitante para su ejercicio. El vínculo entre guardador y guardado se puede demostrar de muy diversas maneras, entre otras, el libro de familia, el historial de certificados de empadronamiento y de convivencia, informes de servicios sociales, informes de servicios de salud y otros servicios públicos. A estos efectos, resultan de especial relevancia en cuanto a la seguridad jurídica que aportan, las actas de notoriedad extendidas por un notario.

    El guardador de hecho no precisa de autorización judicial para realizar actuaciones de “escasa relevancia económica” en representación del guardado. Pero, ¿qué debe entenderse como actos de escasa relevancia económica? El documento considera que, en términos de buenas prácticas, deberán así considerarse las disposiciones para atender a los gastos ordinarios y habituales del guardado, con arreglo a su trayectoria vital. También estarían comprendidos los gastos no habituales pero necesarios para la conservación ordinaria de los elementos precisos para satisfacer sus necesidades ordinarias. En cuanto a las disposiciones de efectivo no finalistas, es preciso establecer límites cuantitativos de referencia, utilizando como indicador el gasto medio por persona que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    Para documentar la guarda de hecho ante las entidades financieras, deberá cumplimentarse una declaración responsable con unos contenidos muy precisos: identificación de los sujetos intervinientes, relación de parentesco o vínculo que los une, el alcance y modalidad de actuación ante la entidad, autorizaciones de acceso a información y a gestiones operativas, entre otros.

En este enlace podéis acceder al texto completo del documento:

Documento interpretativo al Protocolo Marco entre FGE y Asociaciones Bancarias


jueves, 21 de diciembre de 2023

DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS PUBLICAS

Ayer fue la última clase del primer semestre en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Málaga, donde imparto la asignatura de Análisis de las Políticas Públicas a alumnas y alumnos de tercer curso. He dedicado esta última actividad docente a explicarles la importancia de incorporar el cambio de paradigma que introduce la Ley 8/2021, en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con las Administraciones Públicas.


        Esta Ley supone la plena incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Convención Internacional de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2008. En su articulo 1, define la discapacidad como una situación en la que se encuentran personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se trata por tanto de prestarles los apoyos necesarios y proporcionales a su situación, para que estas barreras puedan ser superadas y ejercer sus derechos plenamente.

            Es una obligación de los Estados incorporar esta perspectiva a todos los aspectos que afecten a las personas para garantizar el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. La Convención de Nueva York reconoce como actores especialmente cualificados a las organizaciones representativas del sector, en el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad.

            Esta nueva visión de la realidad de la discapacidad y el ejercicio de la capacidad jurídica supone un revolucionario cambio de paradigma. Se pasa de una concepción paternalista, basada en la sustitución de la voluntad de las personas incapacitadas judicialmente, lo que suponía borrarlas civilmente de la sociedad, a una consideración respetuosa con su dignidad, basada en los derechos humanos y orientada a la promoción de su autonomía personal.

            El sistema de apoyos tiene como finalidad acompañarlos para superar las barreras que dificultan o impiden el ejercicio de su capacidad jurídica. Barreras que tienen que ver con la capacidad de comprensión del significado de los actos jurídicos, con entender el alcance y efectos de sus decisiones, así como con la conformación de la decisión misma y la expresión de su voluntad. Las medidas de apoyo deben respetar la dignidad de la persona con discapacidad, ser las estrictamente necesarias y proporcionadas a sus circunstancias particulares, teniendo en cuenta siempre su voluntad, deseos y preferencias.

            Prevalecen aquellas que haya establecido voluntariamente la persona mediante escritura pública, en su ausencia, la guarda de hecho como medida estable, aunque de carácter no formal, y solamente en caso de no existir ninguna de estas dos modalidades, o ejercerse de modo perjudicial para la persona, se establecerá la curatela judicialmente. Por tanto, desaparece la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal las guardas de hecho, salvo que se observe un inadecuado ejercicio de estas por parte de los profesionales que tuvieran conocimiento de ello.

            En este sentido hay que recordar la obligación legal de cooperación entre Administraciones Públicas, establecida en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los profesionales deben colaborar con el Ministerio Fiscal y los Juzgados del orden civil, para facilitar su labor de revisar las sentencias de incapacitación anteriores a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, así como la detección de influencias indebidas, ausencia de medidas de apoyo que pudieran ser necesarias o inadecuado ejercicio de estas, en general. La elaboración de informes con el contenido necesario para valorar la necesidad de las medidas y las persona que resultaran idóneas para ejercerlas, facilita sin lugar a duda el trabajo a quien tiene que tomar decisiones en esta materia.

            En definitiva, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en el diseño de las políticas públicas, su implementación y la evaluación de estas, para lograr entre todos avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

jueves, 9 de noviembre de 2023

PROBLEMAS, NECESIDADES, RETOS

    Acabo de terminar un nuevo MOOC del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) sobre Diseño y Práctica de la Evaluación de Políticas Públicas (Nivel Avanzado). La formación permanente de los empleados públicos es fundamental para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Afrontar los retos que nos presenta un mundo en continua transformación, requiere hacer políticas públicas fundadas en la evidencia y el conocimiento.











SOCIALDEMÓCRATAS HUÉRFANOS DE REPRESENTACIÓN.

Tras meses de profunda meditación sobre el rumbo por el que está conduciendo Pedro Sánchez al Partido Socialista Obrero Español, me he visto obligado a tomar la dolorosa decisión de abandonar mi militancia por una cuestión de principios. Esta decisión es resultado de un proceso de observación y análisis de las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos.

      Desde la transición democrática en España, el PSOE se ha caracterizado por liderar los procesos políticos atendiendo a los ideales de la socialdemocracia europea. La defensa de los valores de la democracia liberal representativa, del Estado social y democrático de Derecho, así como de la unidad de España garantizando la solidaridad entre las autonomías que la integran, han sido nuestras banderas como fuerza constitucionalista.

      Hoy nos encontramos con que, por un puñado de votos de un partido liderado por un prófugo de la justicia española, un partido supremacista que representa los intereses de las élites catalanas, se está dispuesto a traicionar todo lo que se defendió ante nuestros votantes y nuestros militantes. Se dijo que no habría amnistía, que Puigdemont rendiría cuentas ante la justicia, que la gobernabilidad de España no recaería sobre quienes tienen como objetivo romper nuestra convivencia. Ahora hasta se admite una velada acusación de “lawfare” a nuestros jueces, a los que se sitúa al borde de la sospecha de prevaricación por una pretendida injusta persecución de la insurrección independentista contra la Constitución.

      Es imposible construir un proyecto de gobierno progresista, sometiéndose al chantaje permanente de quienes no quieren compartir un presente y un futuro de convivencia fundados sobre el principio de solidaridad con el resto de los españoles. Pocas cosas son más reaccionarias que reclamar el derecho de los ricos a segregarse y desentenderse del destino de los que menos poseen.

        El PSOE está perdiendo a chorros con este tacticismo cortoplacista, con estos bandazos de cambios de opinión según convenga en cada momento, su credibilidad como fuerza política estructurante de la democracia española. El crédito se basa en la fiabilidad del liderazgo, en la fortaleza de ser fiel a unos valores éticos y en la capacidad de buscar nuevas alianzas con quienes compartimos principios democráticos, incluso desde las legítimas discrepancias ideológicas en muchas cuestiones.

     Así fue como el PSOE hizo frente al desafío independentista contra nuestra Constitución, apoyando al gobierno de Mariano Rajoy para aplicar el 155. Así fue como el compañero socialista Patxi López llegó a ser el primer lehendakari no nacionalista de Euskadi con los votos del Partido Popular. Así fue como hicimos la Constitución de 1978, en aquellas conversaciones entre el compañero Alfonso Guerra y el Diputado de UCD Fernando Abril-Martorell.

     Sí se puede hacer política de otra manera, y tengo la intuición de que así desearían que la hiciéramos muchos españoles, tanto en la derecha como en la izquierda moderadas. Desde luego, del modo en que está conduciendo los acontecimientos nuestro secretario general no es posible seguir sintiéndose militante del Partido Socialista Obrero Español. De Ramón Rubial aprendimos que para los socialistas, “primero España, luego el PSOE y después nosotros, los militantes.”


lunes, 21 de agosto de 2023

LAS LIMITACIONES DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LOS GOBIERNOS

Resulta muy esclarecedora esta disertación del presidente Bartlet en la serie "El ala oeste de la Casa Blanca" sobre las limitaciones de la acción de los gobiernos sobre la economía. La realidad de nuestras economías de mercado en sociedades democráticas, en las que se respetan la libertad de empresa y el libre comercio, hacen especialmente vigente esta máxima. Estaría bien comenzar a tratar a los ciudadanos como adultos no generando expectativas imposibles de cumplir.



jueves, 17 de agosto de 2023

AUDACIA Y LIDERAZGO PARA UNA ESPAÑA MEJOR

Las urnas han hablado y se ha constituido el Congreso de la XV Legislatura. Terminó otra edición más de la fiesta de la democracia. Ahora viene la tarea más dura y difícil, recoger y arreglar de nuevo la casa común para organizar la convivencia, a ser posible con una solución que dure al menos cuatro años. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero tiene una aritmética imposible a primera vista para poder formar gobierno, porque la compañía de la ultraderecha repele el acercamiento de las derechas nacionalistas. El PSOE ha dejado de ser la fuerza política más votada pero mantiene el liderazgo del bloque de la izquierda, sin embargo, articular una nueva mayoría de gobierno pasa por frecuentar unas amistades más peligrosas aún que las de la legislatura anterior con el prófugo de Waterloo como árbitro concluyente.

    El gobierno del PSOE ha gestionado razonablemente las crisis que hemos atravesado durante la legislatura, pero comparar su gestión con la etapa que le toco al PP de Mariano Rajoy es tramposo. Los contextos en el análisis de las políticas son muy importantes y una Unión Europea en la que las reglas fiscales se han relajado facilita mucho las cosas. Ha permitido una expansión del gasto público para proteger a los golpeados por la pandemia y la guerra, al tiempo que se financian proyectos para reactivar la economía. No obstante, la euforia sobre los resultados de la política económica es poco realista. Se han hecho cosas como el Ingreso Mínimo Vital, que son un ejemplo de una buena idea deficientemente implementada, muy por debajo en su cobertura de lo proyectado según los informes de la AIReF. Se han tomado medidas para aliviar los efectos de la inflación en los bolsillos, que son poco o nada distributivas porque no distinguían en función de la renta de los que se beneficiaban de ellas. Para muchas personas de clase media empobrecidas por la inflación, escuchar el mensaje de que ‘la economía va como una moto’ les resulta ofensivo por estar muy alejado de su realidad de altos precios de los alimentos y subidas en sus hipotecas.

    Mi intuición es que lo que ha movilizado el voto no ha sido la economía y las políticas sociales, sino la amenaza de VOX en el gobierno de España. Las bravuconadas de Abascal han movilizado el voto progresista haciendo crecer el apoyo al ‘sanchismo’, incluso entre muchos escépticos con su gestión política. Su entrada en algunos gobiernos autonómicos y municipales de la mano del PP convirtió la hipotética amenaza para las libertades en realidades tangibles. La censura a la cultura, la negación de la violencia contra las mujeres y el ataque a la libertades de las personas LGTBI, encendieron todas las alertas y llamaron a las urnas para frenar esta escalada de la derecha extrema. El efecto Juanma Moreno, con su mayoría absoluta del PP en Andalucía, intuyo que tiene mucho que ver con su capacidad para distanciarse a tiempo de la tropa de Abascal.

    Y mientras tanto nos enfrentamos a graves problemas sociales y económicos que precisan de grandes acuerdos para poder afrontarlos con éxito. Los desafíos del cambio climático, que afectan a nuestro bienestar y a nuestra economía; el reto demográfico, que precisa de políticas públicas que concilien la atención a una creciente población mayor y el apoyo a nuestros jóvenes para que puedan iniciar proyectos de vida compatibles con tener hijos; la productividad de nuestras empresas, que requiere inversiones en I+D+i y formación del capital humano en un contexto de una economía que cabalga a lomos de la digitalización; son sólo algunos ejemplos de lo que debería estar en el centro de debate público sobre las políticas. Y no nos hagamos trampas con discursos ideológicos, que pueden parecer muy progresistas pero ocultan cuestiones ineludibles. Hablar de seguir subiendo el salario mínimo o reducir la jornada laboral, sin abordar cómo mejorar la productividad de nuestras empresas para que salgan las cuentas, resulta tan realista como contemplar unicornios voladores ante una puesta de sol.

    Es necesario romper esta inercia de bloques ideológicos paralizante, este atrincheramiento que hace imposible un diálogo capaz de construir soluciones, de encontrar respuestas a nuestros problemas comunes. Ejemplos tenemos de esa capacidad española de llegar a consensos. Realidades como los tan mencionados Pactos de la Moncloa, nuestra Constitución de 1978 o el Pacto de Toledo sobre las pensiones. Pero no hace falta ir tan lejos, la concertación social ha permitido hacer reformas en nuestro mercado de trabajo con grandes acuerdos durante la acción de este gobierno. Los extremos condicionan nuestra convivencia porque los dos grandes partidos se distancian de la centralidad política, dejándose seducir por los cantos de sirena de la polarización. Salir de esta inercia es posible si se actúa con determinación desde el PSOE y el PP, sería un gesto de audacia y liderazgo que agradeceríamos muchos ciudadanos que deseamos verlos trabajar juntos por una España mejor.

(La fotografía es del cuadro "El Abrazo" de Juan Genovés).