Inteligencia Artificial y Administración Pública: entre la oportunidad y el riesgo.

El debate sobre la incorporación de la inteligencia artificial (IA) y la robotización en las Administraciones públicas ha dejado de ser especulativo para convertirse en una urgencia estratégica. Carles Ramió, en su libro Inteligencia Artificial y Administración Pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público (La Catarata, 2020), plantea un diagnóstico y unas propuestas que interpelan directamente a quienes trabajamos en el ámbito de las políticas públicas.

        La Inteligencia Artificial (IA) y la robótica están redefiniendo el futuro de la Administración Pública, lo que va a provocar una transformación profunda en su organización interna y su papel en la sociedad. Esta evolución presenta un impacto múltiple, alterando los escenarios económicos, sociales y políticos, lo que exige una estrategia proactiva por parte de las administraciones para solventar problemas conceptuales y organizativos del siglo XXI, en lugar de esperar a una respuesta reactiva que dependa del sector privado.

                Esta revolución plantea retos y oportunidades, que pasan por hacer más sostenible económicamente el sector público mediante la mejora de la productividad, dotar a las administraciones de personal con cualificaciones y capacidades para la innovación y la creatividad, y mejorar la seguridad jurídica, la transparencia y la equidad en la prestación de servicios. La smartificación, definida como el uso global e intensivo de tecnologías de la información bajo el principio de servicio público para mejorar la calidad de la atención a los problemas y necesidades de la ciudadanía, debe servir para elevar la calidad de los servicios, mejorar la inteligencia institucional en la toma de decisiones, facilitar el control y la evaluación de las políticas, y lograr una gobernanza pública más eficaz y eficiente.

La implementación de la robótica y la IA puede seguir tres fases:

• Automatización de procesos: Permite la automatización de componentes burocráticos y rutinarios. Los problemas radican en el riesgo de implementar procesos poco racionales y en la resistencia al cambio, sin generar en esta fase problemáticas éticas significativas.

• Automatización cognitiva: Representa la aplicación real inicial de la IA, replicando actividades basadas en el juicio mediante algoritmos. El punto delicado es el tipo de información y los criterios de diseño, ya que puede generar discriminaciones y problemas éticos si se adquieren dispositivos del sector privado con sus valores y posibles sesgos.

• Inteligencia Artificial: Con reconocimiento de lenguaje natural, gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados y capacidad de aprendizaje avanzado. Aquí, el riesgo de sesgo discriminatorio se multiplica, y es crucial que la Administración sea proactiva para evitar dejar fuera cualidades humanas como la sensibilidad, la empatía y la búsqueda de consenso.

Para guiar esta revolución, Carles Ramió propone cinco elementos conceptuales clave:

• Meritocracia en la robótica, con concursos públicos que evalúen calidad y costes, y un departamento de gobernanza que evalúe los desarrollos con valores públicos.

• Eficiencia de los robots para mejorar la productividad y contribuir a la sostenibilidad del Estado de bienestar.

• Gobernanza de una robótica público-privada para prevenir el uso indebido de datos públicos por actores privados.

• Robótica social que actúe con criterios sociales más allá de las lógicas del mercado.

• Ética pública en el desempeño de la robótica y la IA, integrando valores éticos en sus funciones de servicio público.

            Es vital redefinir el modelo de Administración Pública hacia una mayor calidad institucional (sistemas meritocráticos, dirección pública profesional, transparencia, rendición de cuentas, evaluación) y la erradicación definitiva del clientelismo. Esto implica:

• Un renovado modelo burocrático automatizado que impida la discrecionalidad.

• Un renovado modelo gerencial mecanizado y smartificado que libere a los empleados públicos para tareas de alto valor público (planificación, diseño, control de calidad, interacción ciudadana, inteligencia).

• Un modelo smartificado de gobernanza en gestión que supervise agentes privados con inteligencia institucional y valores públicos, garantizando eficiencia y ética en la colaboración público-privada.

• Un modelo smartificado de gobernanza política que promueva el empoderamiento social, la participación ciudadana y el trabajo colaborativo.

            La gobernanza pública de la IA es fundamental. La IA opera con millones de datos, clave para el diseño de algoritmos. Es crucial determinar si los datos son neutros o conceptuales, que pueden generar discriminaciones sexistas, religiosas, étnicas o sociales. El diseño de algoritmos debe ser cauteloso y realizado por equipos multidisciplinares que incluyan ingenieros, sociólogos, politólogos y humanistas. Además, los algoritmos deben ser transparentes, identificando fuentes y criterios de diseño, y las decisiones públicas basadas en ellos deben ser motivadas para poder ser impugnadas. Las competencias públicas en inteligencia artificial no deberían ser externalizadas nunca por su carácter estratégico, y el sistema público debe tener capacidad para diseñar sus propios instrumentos y regular la innovación tecnológica.

         En cuanto al empleo público, las tareas rutinarias son fácilmente sustituibles por robots, llevando a la destrucción de más empleos de los que se van a crear. Sin embargo, se generarán nuevos perfiles profesionales que requieren alta dosis de empatía, creatividad, habilidades cognitivas, puestos directivos y capacidad de negociación. Los humanos y los robots compartirán el trabajo, y es crucial diseñar nuevos puestos que aporten valor añadido y promover nuevas competencias blandas e inteligencia emocional en los empleados públicos.

       En definitiva, la Administración Pública debe ser proactiva y líder en la introducción de la IA y la robótica, canalizándola con claros valores públicos y ética, para que esta revolución sea más humana, más social, más pública y mucho más ordenada de lo que las leyes del mercado y las dinámicas tecnológicas por sí solas podrían aportar.

Los valores ilustrados de la civilización europea.

        La construcción identitaria que realiza Giorgia Meloni al definir los valores de la civilización europea a través de la tríada formada por la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos responde a una visión iliberal de la política.

        Su omisión de la Ilustración en este relato fundacional no es casual, sino que responde a una intención discursiva deliberada. La Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII introdujo principios que entran en tensión directa con el proyecto político de la extrema derecha populista en el que se encuadra Meloni. La autonomía individual frente a la autoridad sustentada en la tradición, el pluralismo frente al dogma, y la razón crítica frente a la fe como fuente de verdad política.

    La construcción de un relato que conduce desde los valores cristianos directamente a la Europa contemporánea, supone una operación de salto genealógico que elude precisamente el momento histórico en que se forjaron las bases del constitucionalismo liberal, la separación de poderes, la tolerancia religiosa y la idea central de que la legitimidad política deriva del consentimiento de los gobernados y no de fuentes trascendentes.

      El discurso meloniano revela una comprensión de la libertad que podríamos calificar como libertad negativa clásica, centrada en defender la ausencia de interferencia externa, pero despojada de su dimensión emancipatoria moderna. La libertad, en este marco sutilmente sugerido, aparece subordinada a un orden moral y político preestablecido donde los valores cristianos operan como límite y marco normativo.

        Esta concepción contrasta radicalmente con la tradición liberal democrática que emergió de la Ilustración con las revoluciones burguesas, donde la libertad requiere no solo la ausencia de coacción sino también las condiciones materiales y sociales que la hagan efectiva. La libertad real, desde John Stuart Mill, pasando por supuesto por John Rawls y su principio de diferencia, no puede realizarse sin una distribución equitativa de las oportunidades para desarrollar las capacidades básicas, y esto requiere de políticas públicas de educación, salud, protección social y acceso a la participación política.

    Particularmente reveladora es la tensión entre la invocación de valores universales y la construcción de una identidad europea excluyente. Los derechos humanos, producto directo del pensamiento ilustrado y de las luchas democráticas modernas, se universalizan precisamente por su capacidad de trascender las particularidades culturales, religiosas o civilizatorias.

    Cuando Meloni presenta como específicamente europeos valores que la tradición liberal democrática considera universales, está realizando una operación que instrumentaliza los derechos humanos con fines identitarios e ideológicos. Esto es especialmente problemático porque la lógica de los derechos humanos es precisamente la de establecer un espacio político común, que trasciende las fronteras nacionales, culturales y religiosas, centrado en la dignidad de la persona. Como declara solemnemente el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

    La tentativa de construir la legitimidad política de la civilización europea eludiendo las exigencias democráticas liberales alberga la potencial amenaza de los totalitarismos. La propuesta de vincular la identidad europea con fuentes de legitimación premodernas saca de la discusión todo lo relacionado con las demandas de igualdad, pluralismo y justicia social que tienen su origen de la tradición democrática ilustrada. Esto tiene consecuencias políticas concretas al proporcionar un marco ideológico que capaz de justificar la restricción de derechos en nombre de la tradición y la limitación de las políticas redistributivas invocando un orden social natural en el que el Estado no debe intervenir.

       La herencia europea, su mayor legado histórico, incluye aquellos momentos de ruptura y emancipación que cuestionaron las jerarquías basadas en la tradición y ampliaron el espacio de la libertad y la dignidad humanas. Sin la Ilustración, simplemente no existe la Europa democrática contemporánea.

Democracia liberal, Estado de Derecho y representación política. El deseable gobierno de los mejores y su relación con la legitimación democrática.

            La librería Luces de Málaga es mucho más que un lugar donde comprar libros. Su casa es un espacio donde, bajo el pretexto de la presentación de una obra literaria, se genera un ambiente propicio para la conversación de calidad en torno a temas de gran interés. El pasado jueves fue una delicia escuchar a Manuel Toscano y José Manuel Cabra en diálogo con el autor del libro “Anatomía de la ley”, Tsevan Rabtan.  Escucharlos hablar de temáticas como la democracia liberal, el Estado de Derecho, el papel de la Ley y el ideal de la justicia, me despertó el interés por una cuestión a menudo planteada a mi juicio erróneamente. Se trata de responder a la siguiente pregunta, ¿son compatibles la democracia, con origen en la soberanía popular, y la selección de élites dirigentes fundada en criterios meritocráticos?

        Comencemos por definir en qué consiste la democracia, partiendo de la premisa de que el ideal democrático que defiendo es el que se corresponde con la denominada bajo el apelativo de liberal. Ésta se caracteriza por articular una arquitectura política que persigue conciliar dos aspectos que, a primera vista, pudieran parecer en relación contradictoria. Por una parte, depositar la soberanía en el pueblo, y por otra, delegar el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo en unas élites políticas. Sin embargo, esta aparente contradicción supone un ejercicio de conciliación de los ideales democráticos de participación que legitiman la democracia, con la necesidad de garantizar la competencia y especialización que se esperan de los dirigentes para poder tener un buen gobierno.

            La estructura básica de una democracia liberal se sustenta en tres pilares fundamentales: la soberanía popular expresada mediante elecciones libres y periódicas; la garantía de derechos fundamentales que protegen a los individuos frente a los potenciales excesos del poder; y la división y limitación de ese poder a través del Estado de Derecho. En este marco, la ley no es un mero instrumento del poder, sino a la vez un límite para su ejercicio y el origen de su propio fundamento. La legalidad, por lo tanto, no es una cuestión secundaria, sino la expresión de una racionalidad política que vincula a gobernantes y gobernados, y establece reglas del juego que deben ser comunes, previsibles y estables.

            El Estado de Derecho refuerza este diseño institucional consagrado en nuestra Constitución. El poder está sometido a normas jurídicas que han de ser generales, públicas, estables y aplicadas por órganos independientes del poder ejecutivo. No se trata de una mera formalidad legalista, sino de una auténtica garantía sustantiva de la libertad individual. En una democracia liberal, los derechos no están a merced de mayorías transitorias ni del capricho de un líder carismático. La Ley, elaborada en el seno de las cámaras parlamentarias, es el resultado de un procedimiento representativo en el que la deliberación, la argumentación racional y el principio de mayoría permiten articular decisiones legítimas que vinculan a todos los ciudadanos.

            Sin embargo, este ideal de origen popular de la soberanía no significa que cada ciudadano participe de manera directa en todas las decisiones tanto legislativas como del gobierno. La democracia representativa se edifica sobre una distinción fundamental. Por una parte, la fuente última del poder reside en el pueblo, pero por otra, su ejercicio efectivo se delega en representantes elegidos que asumen la compleja tarea de legislar, gobernar y administrar. Esta delegación no es una renuncia a la democracia, sino una expresión más madura.

            Esta representación política no es meramente simbólica, sino que desempeña una función operativa. Las tareas de gobernar y legislar en las complejas sociedades contemporáneas exigen un alto nivel de especialización, de conocimiento técnico, de experiencia institucional y de competencia argumentativa. El Parlamento no puede ser un mero espejo de la sociedad, sino una instancia de selección de élites políticas capaces de tomar decisiones informadas, equilibradas y orientadas al bien común. En este sentido, la democracia liberal no renuncia a la idea de gobierno de los mejores, sino que lo reconcilia con el principio de legitimidad democrática.

           El mérito y la capacidad de los gobernantes son condiciones necesarias para un buen gobierno, lo que debe resultar compatible con el principio de igualdad en las posibilidades de acceso a las altas magistraturas del Estado. Cuando los cargos públicos son ocupados por individuos elegidos democráticamente, pero seleccionados también por su preparación y competencia, se conjuga la legitimidad de origen con la eficacia en el desempeño. Esta es la esencia de la legitimidad dual de la democracia liberal, procedimental en su origen, racional en su funcionamiento. La representación parlamentaria, así entendida, no es una cesión irreflexiva de poder, sino un contrato revocable en el que los ciudadanos confían temporalmente el gobierno de los asuntos comunes a quienes, por mérito, experiencia y responsabilidad, están en mejores condiciones de ejercerlo.

            Por ello, la crítica populista que rechaza la mediación institucional y exalta una participación directa y permanente del pueblo cae en una peligrosa simplificación. No toda forma de participación es necesariamente democrática si erosiona los procedimientos deliberativos, ignora el pluralismo político o desprecia el conocimiento experto. La democracia representativa que atienda a criterios de exigencia en la selección de sus élites dirigentes no resulta contradictoria con la soberanía popular, sino que atiende a las características de los problemas públicos que precisan de respuesta en contextos de gran complejidad y alta incertidumbre que precisan de conocimiento experto.

            En definitiva, la democracia liberal descansa sobre un sutil equilibrio entre la legitimidad democrática y la necesidad de racionalidad técnica en la toma de decisiones. La representación política permite compatibilizar la soberanía del pueblo con la necesidad de contar con élites políticas competentes que gobiernen conforme a la ley y en beneficio del interés general. Esta forma de delegación sujeta a control, rendición de cuentas y alternancia, no niega la democracia, sino que la hace posible. Para que esas reglas produzcan buen gobierno, es indispensable que quienes las aplican sean dignos de la confianza depositada en ellos. La democracia liberal representativa no es, por tanto, una traición a los ideales democráticos, sino su versión más sofisticada, y posiblemente más justa, que hemos sido capaces de concebir.

“El problema de la vivienda”: un libro clave para el análisis de políticas públicas.

La crisis de acceso a la vivienda es un problema social y económico que ha irrumpido con fuerza en la agenda política. En su libro “El problema de la vivienda”, Javier Burón ofrece un análisis profundo y riguroso sobre los desequilibrios estructurales del mercado de la vivienda y las alternativas de las políticas públicas para solucionar esta problemática.

Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas es una contribución fundamental. Describe los factores que han llevado a la actual crisis, como la financiarización de la vivienda, la insuficiencia del parque de alquiler asequible o la falta de regulación efectiva, al tiempo que propone un conjunto de estrategias para abordar estos retos. Su enfoque combina el rigor académico con una clara vocación propositiva, de gran utilidad tanto para gestores públicos como para estudiantes y docentes de políticas públicas.

Para los responsables de diseñar e implementar políticas de vivienda, “El problema de la vivienda” ofrece un marco de referencia sólido para comprender la magnitud del desafío y explorar soluciones basadas en evidencia. Entre las propuestas más relevantes del libro se encuentran:

• La necesidad de un sector público más proactivo en la promoción de vivienda asequible.

• La regulación del alquiler para evitar fenómenos especulativos sin desincentivar la oferta.

• El fortalecimiento del parque público de vivienda como una estrategia de largo plazo.

• La coordinación entre distintos niveles de gobierno para una política habitacional más eficaz.

Desde una perspectiva académica, este libro resulta especialmente valioso para la enseñanza del análisis de políticas públicas. Su enfoque permite ilustrar distintas etapas del ciclo de las políticas públicas aplicadas al ámbito de la vivienda:

• Identificación del problema exponiendo con claridad los fallos del mercado que justifican la intervención pública.

• Diseño de alternativas como opciones de política que han sido implementadas en diversos contextos y sus posibles impactos.

• Implementación de acciones, analizando las barreras institucionales y políticas que dificultan la aplicación de soluciones efectivas.

• Evaluación mediante la exposición de experiencias internacionales y datos empíricos sobre la efectividad de distintas medidas.

Además, su accesibilidad y enfoque divulgativo lo hacen un recurso excelente para fomentar el debate de calidad entre la ciudadanía.

Buena economía para tiempos difíciles.

En su libro “Buena economía para tiempos difíciles. En busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas”, Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee realizan una reflexión esperanzadora sobre la capacidad de la humanidad para superar los grandes retos de nuestro tiempo. Desde su experiencia gestionando programas en países en vías de desarrollo, señalan que las dificultades a las que se enfrentan los países ricos son impresionantemente parecidas, gente a la que el desarrollo económico deja atrás, desigualdad creciente, falta de fe en el gobierno y sociedades muy fragmentadas. La tarea de los científicos sociales debe ser proporcionar hechos e interpretaciones de hechos con la esperanza de que puedan ayudar a mediar entre las divisiones, a que cada bando entienda lo que dice el otro, y de ese modo llegar a un desacuerdo razonado, si no a un consenso. El respeto mutuo requiere cierta comprensión en una sociedad democrática basada en el pluralismo.

        Para ello realizan una propuesta de reformulación de las políticas sociales que devuelva la dignidad del ser humano a su lugar central, activando un profundo replanteamiento de las prioridades económicas y de la manera en que la sociedad cuida de sus miembros, sobre todo cuando lo necesitan. Nuestra reacción frente al otro está muy vinculada con la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, solamente una política social basada en el respeto por la dignidad del individuo puede contribuir a hacer que el ciudadano medio sea más abierto a ideas de tolerancia.

            En un mundo político en el que peligrosamente observamos que la racionalidad retrocede ante mensajes populistas carentes de rigor, si los economistas no intervienen en el debate de los asuntos públicos se corre el riesgo de que la ciencia económica se vuelva irrelevante. Mitos como la curva de Laffer sin fundamento empírico alguno deben ser desmentidos tajantemente. No, las bajadas de impuestos para los ricos no producen como efecto el crecimiento económico. Los problemas del crecimiento económico tienen que ver con la dificultad para asignar los recursos eficientemente, para que la productividad total de los factores que impulsan el PIB resulte óptima.

            Los gobiernos tiene que realizar un esfuerzo para restaurar la legitimidad del Estado social y democrático. Para ello es preciso explicar que existen, en parte, para solucionar problemas que ninguna otra institución puede abordar de manera realista, porque requieren actuar con una lógica basada en el interés general. Ahora bien, el primer paso para recuperar la confianza perdida es hacer buenas políticas, basadas en el conocimiento y la evidencia, y explicarlas a la ciudadanía. Buscar talento para gestionar programas que resulten políticamente viables. No se trata de gastar más sino de hacerlo eficaz y eficientemente.

            La buena economía por sí sola no traerá la salvación, pero sin ella estamos condenados a seguir cometiendo errores que no podemos permitirnos. La ignorancia, las intuiciones, la ideología y la inercia se combinan para aparentar darnos respuestas que pueden parecer plausibles, pero a menudo acaban resultando grandes promesas que producen monstruosas decepciones. El único recurso que tenemos contra las malas ideas, tal como proponen los autores del libro, es resistir a los seductores cantos de sirena de “lo obvio”, ser escépticos con los milagros que nos prometan, cuestionar las evidencias, ser pacientes con la complejidad y honestos acerca de lo que sabemos y de lo que podemos saber. Sin esa cautela vigilante, los debates sobre problemas complejos se quedan en relatos vacíos y memes, y el análisis de las políticas públicas se sustituye por recetas de charlatanes.

Concluyen con una reflexión política sobre el papel de los economistas: “la llamada a la acción no es solo para los economistas académicos; es para todos los que queremos un mundo mejor, más justo y más humano. La economía es demasiado importante como para dejársela a los economistas”.

Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados.

El problema de la vivienda en España se ha situado con fuerza en la agenda política y se va a mantener candente mientras no avancemos hacia una solución. Su dimensión y características lo han convertido en transversal, con una población sufriente cada vez más numerosa que ve algo imposible conseguir una vivienda donde desarrollar su proyecto de vida y con unos impactos negativos en la economía cada vez mejor identificados.

El 65% de los hogares que viven de alquiler emplean más del 25% de sus ingresos en pagar su vivienda, el 31 % más del 40%. Dos de cada tres jóvenes entre 18 y 34 años se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres. Con estos datos podemos llegar a dos conclusiones. El encarecimiento del precio de la vivienda supone un factor de empobrecimiento de las clases medias trabajadoras, con el consiguiente efecto negativo sobre la capacidad de gasto de las familias. Formar un hogar es una decisión que los jóvenes se ven obligados a posponer, con un efecto negativo sobre la natalidad que contribuye a empeorar el problema demográfico de envejecimiento de la población.

El elevado precio de la vivienda tiene un impacto negativo en la economía al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar, afecta a las posibilidades de movilidad laboral. Si el coste de alquilar una casa es inasumible con proporción a los salarios, el mercado de trabajo se resiente y se fracciona. Las oportunidades laborales se ven desaprovechadas y solamente los trabajadores más cualificados tendrán la posibilidad de desplazarse en busca de los empleos mejor remunerados. En segundo lugar, una parte considerable del capital invierte en vivienda por la alta rentabilidad que reporta. Una muestra de ello es la proliferación de las viviendas destinadas a alquiler turístico que ha hecho explosionar el mercado de vivienda. Esto incentiva la extracción de rentas en detrimento de la inversión en innovación y tecnología, que incrementaría la competitividad y productividad de nuestras empresas, generando más empleo y de mayor calidad.

La vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido y no una mercancía, en eso estamos de acuerdo. Como estaremos de acuerdo en que nuestro sistema político constitucional es la democracia liberal en la que la propiedad privada y la economía de mercado son ideas consustanciales. El mercado de la vivienda es una realidad a la que no podemos dar la espalda, pues establece las condiciones para poder realizar este derecho. Existe un amplio consenso en que en una situación de crecimiento de la demanda la mejor manera de que los precios se moderen es incrementar la oferta.

Como vemos el problema es complejo, tiene múltiples causas y efectos, y requiere de amplios consensos para ponernos a solucionarlo. John Rawls planteaba que los consensos entrecruzados en las sociedades democráticas, donde el pluralismo es un rasgo característico, juegan un papel fundamental para lograr la estabilidad que exigen las políticas públicas para desplegar efectos sostenidos en el tiempo. Para ello es necesario establecer una discusión racional en torno a los problemas, basar la discusión en razones públicas asumibles por la mayoría independientemente de sus creencias particulares y buscar puntos de encuentro en torno a valores compartidos y soluciones equitativas.

Apelando a la justicia social es necesario poner en marcha un plan para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. El modelo de Viena es un ejemplo. Este mismo principio de justicia obliga a proteger a los más vulnerables, pero no puede ser a costa del derecho constitucional a la propiedad privada. Es preciso dar seguridad jurídica a los propietarios ante el riesgo de impago para estimular el alquiler residencial, asumiendo las Administraciones el apoyo económico a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones.

Apelando a la eficiencia económica es necesaria una mejor regulación del alquiler de vivienda con fines de alojamiento turístico. Esta actividad se desarrolla en ocasiones en la economía sumergida y supone una competencia desleal para el tejido empresarial del negocio hotelero, que genera más empleo, más estable y de más calidad. Además, su expansión desmesurada produce multitud de externalidades negativas en el espacio público de las ciudades.

Apelando a la iniciativa empresarial y la economía de mercado es necesario eliminar las barreras que dificultan la construcción de las viviendas que demanda la sociedad. Simplificar procedimientos administrativos, establecer un sistema de ventanilla única para la obtención de licencias y proporcionar un marco regulatorio estable en el tiempo que proporcione seguridad a las inversiones, son algunas de las iniciativas que los expertos ponen sobre el tablero para abordar esta cuestión. Todo ello junto a incentivos fiscales para estimular la promoción de viviendas asequibles y desincentivos que graven los suelos que no se activen para la construcción de nuevas casas.

En definitiva, un gran plan de vivienda que movilice a Administraciones Públicas, promotores y constructores, propietarios de vivienda y ciudadanía afectada por el problema, en el que todos encuentren reconocidos parte de sus intereses y nos ponga a caminar juntos. El futuro nos va en ello, como en tantas otras cosas importantes.

Publicado en La Opinión de Málaga el 29 de octubre de 2024.

Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados

Reflexiones en torno a las políticas de vivienda.

Es imposible pensar en un proyecto de vida sin un lugar en el que vivir. Nuestra Constitución declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Por lo tanto, no es opcional hacer políticas públicas de vivienda, sino que es una obligación jurídica que surge del mandato constitucional. 

Este precepto se encuentra dentro del capítulo dedicado a establecer los principios rectores de la política social y económica. Y no se equivocaba el constituyente, puesto que los efectos del creciente problema de la dificultad para acceder a la vivienda tienen efectos negativos en la sociedad y en la economía.

El Banco de España identifica entre los efectos adversos de las dificultades de acceso a la vivienda en su dimensión social, el empobrecimiento de las familias por el alto porcentaje de ingresos destinado a la vivienda, tanto si es para el pago de las hipotecas afectadas por las subidas de tipos de interés, como para hacer frente al desbocado precio de los alquileres. Esta realidad retrasa la formación de hogares, reduciendo la natalidad e incrementando el problema demográfico de envejecimiento de la población. En la vertiente económica, supone una dificultad para localizar a los trabajadores precisamente en las áreas geográficas más productivas, reduciendo considerablemente su movilidad, especialmente entre los jóvenes, lo que supone un freno para el desarrollo del crecimiento potencial de nuestro PIB.

Hay trabajos muy serios en España sobre esta materia, de los que expondré algunos ejemplos significativos. Desde FEDEA se estima que resulta necesario dar un nuevo rumbo a la política de vivienda. Su diagnóstico identifica las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como contraproducentes, con un efecto no deseado consistente en la reducción de la oferta que ha impulsado aún más los precios al alza. Propone adoptar medidas que faciliten la construcción de vivienda de promoción pública y de iniciativa privada reduciendo costes.

El think tank progresista Future Policy Lab realiza una serie de propuestas encaminadas a incrementar la oferta de vivienda disponible en el mercado. Establecer una fiscalidad mayor sobre las viviendas desocupadas y las segundas residencias, junto con una expansión del parque de vivienda pública destinada al alquiler, normalizar la intermediación pública en el alquiler para fomentar la confianza de los propietarios y la seguridad de los inquilinos, así como establecer un régimen fiscal especial para los promotores de vivienda asequible que incentive esta iniciativa.

La irrupción expansiva del alquiler turístico en las ciudades ha atraído inversión especulativa hacia el mercado de la vivienda, buscando la obtención de sustanciosas rentas al tiempo que se minimiza el riesgo de las operaciones. Para revertir esta situación debe plantearse una regulación más restrictiva del uso de la vivienda residencial con fines de alquiler turístico, al tiempo que se proporciona mayor seguridad jurídica a los arrendadores ante el riesgo de impago. La protección del derecho a la vivienda de las familias vulnerables es responsabilidad de las Administraciones y sus políticas sociales, no puede trasladarse a los propietarios de vivienda, en muchos casos pequeños ahorradores que ven en el alquiler un complemento de su renta tras la jubilación. La Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas, promovida por Carme Chacón en su etapa como ministra de Vivienda en 2009, iba en esta línea simplificando y agilizando los procedimientos de desahucio por impago de rentas a pequeños propietarios.

Como se apunta en el libro ‘Un país posible’, dirigido por Toni Roldán, para los problemas de vivienda no existen soluciones milagrosas ni políticas infalibles. Sí son necesarias dos condiciones para un buen diseño de las iniciativas. En primer lugar, una política de vivienda mantenida en el tiempo con independencia del partido político que gobierne, que es parte del secreto del potente parque de vivienda social de Viena. En segundo lugar, dos principios básicos para guiar estas políticas a largo plazo: que las viviendas financiadas con dinero público no puedan salir nunca del parque público y que la mayoría de las viviendas construidas con subvenciones públicas se destinen al alquiler asequible.

El problema se ha situado como una emergencia en la agenda política, en sus dos dimensiones, social y económica. Tengo la impresión de que es un tema transversal entre toda la ciudadanía, independientemente de cuál sea el partido político de su preferencia al ejercer su derecho democrático al voto. Esta dura realidad dificulta los proyectos vitales de muchas personas, afectando especialmente a la población más joven. Y sus padres y abuelos comparten su sufrimiento, porque sienten que ellos tuvieron mejores oportunidades para tener una vivienda que sus hijos y sus nietos. La pérdida de la esperanza en un porvenir es una peligrosa emoción para la estabilidad política de las sociedades democráticas. Urge por lo tanto un debate en profundidad sobre este problema, buscando soluciones basadas en el rigor, la evidencia, y el compromiso leal entre actores políticos, aunque no sean ‘chulísimas’ sino pragmáticas y útiles.