DEMOCRACIA vs. EXPERTOS

 

Actores, ideas e instituciones en las políticas públicas. ¿Quién decide?

 

Análisis y evaluación de políticas y programas sociales: una formación necesaria para los profesionales del Trabajo Social en Andalucía.

La reciente aprobación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, mediante el Decreto 48/2025, constituye un hito de gran relevancia normativa. Este instrumento, previsto en el art. 41 de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, determina no solo el conjunto de prestaciones públicas, sino también los criterios de calidad, financiación, seguimiento y evaluación de cada una de ellas.

        En este contexto, la formación del alumnado del Grado en Trabajo Social en las metodologías de análisis y evaluación de programas y políticas sociales deja de ser un complemento y se convierte en una exigencia profesional y académica por varios motivos:

✅ En primer lugar, porque en el artículo 80 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía se reconoce que la garantía de derechos sociales requiere un sistema sometido a evaluación continua de resultados en términos de calidad, equidad, cohesión social y eficiencia.

✅En segundo lugar, porque el Catálogo de Prestaciones obliga a definir, para cada servicio o recurso, indicadores claros de impacto y sostenibilidad, lo que demanda profesionales capaces de generar, interpretar y aplicar evidencia.

✅ Y por último y no menos importante, porque el Trabajo Social no se limita a la intervención directa con las personas y su entorno comunitario, sino que debe contribuir a diseñar, implementar y mejorar políticas públicas que afectan al bienestar colectivo.

Formar a futuros trabajadores y trabajadoras sociales en estas competencias, supone proporcionarles las herramientas para participar en la transformarción de la realidad social desde la práctica basada en la evidencia. El análisis de políticas públicas en relación con el Trabajo Social es la vía para garantizar que las intervenciones lleguen a quienes más lo necesitan, con eficacia, calidad y justicia social.

👩‍🎓👨‍🎓 En definitiva, el nuevo marco normativo en Andalucía nos recuerda que el Trabajo Social debe ser, además de una profesión de atención directa a la ciudadanía, una profesión de evaluación, innovación y responsabilidad pública. Preparar al alumnado en estas competencias es prepararles para liderar el futuro de los servicios sociales en nuestra comunidad.

El abandono de la socialdemocracia. Una reflexión crítica sobre el sanchismo y sus consecuencias democráticas.

 

        El análisis de Jordi Sevilla en Agenda Pública en "Balance del sanchismo y el futuro de España" plantea interrogantes fundamentales sobre la trayectoria del PSOE bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. Más allá de las consideraciones partidistas, la crítica de Sevilla —exministro socialista y figura histórica del partido— revela una preocupación profunda sobre el abandono de los principios socialdemócratas y su sustitución por una estrategia populista que, según argumenta, debilita tanto al partido socialista como a las instituciones democráticas españolas.

        La crítica más severa se centra en la metamorfosis organizativa del PSOE bajo el sanchismo. La descripción que hace del "diseño de un partido a su medida, excluyendo a críticos; ahogando a los organismos internos de control" apunta hacia lo que denomina un modelo "cesarista" incompatible con la tradición democrática socialista.

        Esta transformación no es meramente procedimental. Sevilla documenta cómo Sánchez ha implementado un sistema de lealtades absolutas que él compara con "rememoranzas del estalinismo comunista, por la afición a castigar al disidente". La exigencia de un "seguidismo" acrítico ante cambios drásticos de posición —como la amnistía o el cupo catalán— revela una concepción de la política donde el fin justifica cualquier medio, principio que identifica como fundamentalmente antidemocrático.

           El análisis de Sevilla destaca cómo el sanchismo representa una ruptura con los valores socialdemócratas. La socialdemocracia, según su argumentación, concibe la política como "el conjunto de acciones conducentes a realizar reformas y medidas necesarias para fortalecer la democracia y transformar la sociedad", mientras que el populismo la reduce a "todo lo que es necesario hacer para alcanzar el Gobierno y permanecer en él". Bajo el mandato de Sánchez, el PSOE ha adoptado los "principios del populismo podemita": la confrontación permanente, la búsqueda de culpables en lugar de soluciones, y la inexistencia de un interés general que trascienda las luchas partidistas.

        Una de las acusaciones más contundentes es que el modelo sanchista contribuye al deterioro del Estado de derecho, tanto por acciones directas que deterioran instituciones clave de la democracia, sino por su contribución al clima de crispación y polarización. El "hacer de la necesidad virtud" —principio que Sevilla atribuye a Sánchez— genera una dinámica donde las instituciones se subordinan a las necesidades tácticas del momento.

        La amnistía catalana ejemplifica este fenómeno. Sevilla señala que no fue "una decisión de 'gracia' pactada con el PP" sino una imposición de las circunstancias parlamentarias que contradice frontalmente posiciones previamente defendidas. Esta inconsistencia no solo daña la credibilidad presidencial, sino que establece un precedente peligroso donde los principios constitucionales quedan subordinados a las necesidades de supervivencia política.

        El análisis de Sevilla revela cómo el sanchismo ha contribuido a la degradación del debate público español. Al adoptar la lógica populista de confrontación permanente, el Gobierno ha alimentado un ciclo de crispación que impide los "acuerdos de Estado" necesarios para abordar problemas estructurales como la corrupción, la vivienda o el modelo productivo.

            Esta dinámica es especialmente preocupante porque "los problemas de ciclo largo se quedan sin resolver por falta de acuerdos". La incapacidad para generar consensos básicos —desde la financiación autonómica hasta la lucha contra la corrupción— revela un sistema político disfuncional donde la táctica electoral prevalece sobre la responsabilidad gubernativa.

        Uno de los aspectos más reveladores del análisis de Sevilla es su documentación del fracaso socialdemócrata del sanchismo en términos de resultados sociales. A pesar del crecimiento económico y del récord de empleo, España mantiene tasas de pobreza infantil (34,6%) y desigualdad que la sitúan en la cola europea.

       Esta paradoja —crecimiento sin redistribución efectiva— ilustra las limitaciones de un populismo que prioriza los gestos mediáticos sobre las reformas estructurales. Como observa, "la pobreza no ha sido una prioridad" ni "mejorar la capacidad redistributiva del Estado", lo que contradice los objetivos históricos de la socialdemocracia. El ascensor social está averiado.

    Particularmente significativo es el análisis sobre la perpetuación de las desigualdades intergeneracionales. Los datos que cita —el 74% de los multimillonarios españoles heredan su fortuna, seis de cada diez niños pobres perpetúan esa condición— revelan una sociedad que se desliza hacia lo que denomina "neofeudal".

    Esta realidad contrasta dramáticamente con los objetivos históricos de la socialdemocracia de democratizar las oportunidades y fortalecer la movilidad social. El hecho de que esto ocurra bajo un gobierno que se reivindica como progresista evidencia las limitaciones del populismo para abordar las causas estructurales de la desigualdad.

La Alternativa Democrática: Hacia un Nuevo Pacto Constituyente.

La Necesidad de Regeneración Institucional.

Sevilla concluye su análisis con una propuesta ambiciosa: un "pacto por la libertad y la democracia" que supere la división izquierda-derecha para centrarse en la distinción fundamental entre demócratas y populistas. Esta propuesta reconoce que el desafío actual trasciende las categorías tradicionales del debate político español.

El diagnóstico es que tanto PSOE como PP han sido "absorbidos por prácticas y políticas populistas que los han desdibujado como partidos democráticos". La solución requiere, por tanto, una refundación democrática que recupere los principios del constitucionalismo liberal y la socialdemocracia europea.

Los Elementos del Nuevo Consenso.

Sus propuestas específicas incluyen la reforma del Estado autonómico, la modernización de las administraciones públicas, y la implementación de políticas estructurales para abordar la pobreza infantil y la crisis de la vivienda. Pero el elemento central es cultural: la recuperación del "diálogo razonado entre diferentes" y el abandono de la lógica de confrontación permanente. Esta propuesta es especialmente relevante en el contexto europeo actual, donde el populismo autoritario amenaza los fundamentos del proyecto democrático occidental. La experiencia española, debe servir como advertencia sobre los peligros de normalizar las prácticas populistas en democracias consolidadas.

Conclusión, el coste democrático del sanchismo es inasumible.

        El análisis de Jordi Sevilla trasciende la crítica partidista para plantear cuestiones fundamentales sobre el estado de la democracia española. Su argumento central —que el sanchismo representa un abandono de los principios socialdemócratas en favor de un populismo que debilita las instituciones democráticas— merece consideración seria independientemente de las preferencias electorales.

        La evidencia que presenta sobre la transformación autoritaria del PSOE, el deterioro del debate público, y la persistencia de las desigualdades sociales sugiere que el experimento populista ha tenido costes significativos para la calidad democrática española. Más preocupante aún es su argumento de que esta dinámica alimenta un ciclo de polarización que beneficia tanto al populismo de izquierda como al de derecha.

        La propuesta de Sevilla de un "proceso reconstituyente" que priorice la división entre demócratas y populistas sobre las tradicionales categorías ideológicas puede parecer utópica, pero refleja una comprensión sofisticada de los desafíos que enfrentan las democracias liberales en el siglo XXI. En un momento donde el autoritarismo avanza globalmente, la defensa de los principios democráticos básicos —el diálogo, el consenso, la moderación— adquiere una urgencia que trasciende las luchas partidistas tradicionales.

        El legado del sanchismo será medido no solo por sus logros económicos o electorales, sino por su contribución al fortalecimiento o debilitamiento de la cultura democrática española. Y en este balance, la evaluación de Sevilla sugiere que el coste ha sido demasiado alto, tanto para el PSOE como para la democracia española en su conjunto.

Inteligencia Artificial y Administración Pública: entre la oportunidad y el riesgo.

El debate sobre la incorporación de la inteligencia artificial (IA) y la robotización en las Administraciones públicas ha dejado de ser especulativo para convertirse en una urgencia estratégica. Carles Ramió, en su libro Inteligencia Artificial y Administración Pública. Robots y humanos compartiendo el servicio público (La Catarata, 2020), plantea un diagnóstico y unas propuestas que interpelan directamente a quienes trabajamos en el ámbito de las políticas públicas.

        La Inteligencia Artificial (IA) y la robótica están redefiniendo el futuro de la Administración Pública, lo que va a provocar una transformación profunda en su organización interna y su papel en la sociedad. Esta evolución presenta un impacto múltiple, alterando los escenarios económicos, sociales y políticos, lo que exige una estrategia proactiva por parte de las administraciones para solventar problemas conceptuales y organizativos del siglo XXI, en lugar de esperar a una respuesta reactiva que dependa del sector privado.

                Esta revolución plantea retos y oportunidades, que pasan por hacer más sostenible económicamente el sector público mediante la mejora de la productividad, dotar a las administraciones de personal con cualificaciones y capacidades para la innovación y la creatividad, y mejorar la seguridad jurídica, la transparencia y la equidad en la prestación de servicios. La smartificación, definida como el uso global e intensivo de tecnologías de la información bajo el principio de servicio público para mejorar la calidad de la atención a los problemas y necesidades de la ciudadanía, debe servir para elevar la calidad de los servicios, mejorar la inteligencia institucional en la toma de decisiones, facilitar el control y la evaluación de las políticas, y lograr una gobernanza pública más eficaz y eficiente.

La implementación de la robótica y la IA puede seguir tres fases:

• Automatización de procesos: Permite la automatización de componentes burocráticos y rutinarios. Los problemas radican en el riesgo de implementar procesos poco racionales y en la resistencia al cambio, sin generar en esta fase problemáticas éticas significativas.

• Automatización cognitiva: Representa la aplicación real inicial de la IA, replicando actividades basadas en el juicio mediante algoritmos. El punto delicado es el tipo de información y los criterios de diseño, ya que puede generar discriminaciones y problemas éticos si se adquieren dispositivos del sector privado con sus valores y posibles sesgos.

• Inteligencia Artificial: Con reconocimiento de lenguaje natural, gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados y capacidad de aprendizaje avanzado. Aquí, el riesgo de sesgo discriminatorio se multiplica, y es crucial que la Administración sea proactiva para evitar dejar fuera cualidades humanas como la sensibilidad, la empatía y la búsqueda de consenso.

Para guiar esta revolución, Carles Ramió propone cinco elementos conceptuales clave:

• Meritocracia en la robótica, con concursos públicos que evalúen calidad y costes, y un departamento de gobernanza que evalúe los desarrollos con valores públicos.

• Eficiencia de los robots para mejorar la productividad y contribuir a la sostenibilidad del Estado de bienestar.

• Gobernanza de una robótica público-privada para prevenir el uso indebido de datos públicos por actores privados.

• Robótica social que actúe con criterios sociales más allá de las lógicas del mercado.

• Ética pública en el desempeño de la robótica y la IA, integrando valores éticos en sus funciones de servicio público.

            Es vital redefinir el modelo de Administración Pública hacia una mayor calidad institucional (sistemas meritocráticos, dirección pública profesional, transparencia, rendición de cuentas, evaluación) y la erradicación definitiva del clientelismo. Esto implica:

• Un renovado modelo burocrático automatizado que impida la discrecionalidad.

• Un renovado modelo gerencial mecanizado y smartificado que libere a los empleados públicos para tareas de alto valor público (planificación, diseño, control de calidad, interacción ciudadana, inteligencia).

• Un modelo smartificado de gobernanza en gestión que supervise agentes privados con inteligencia institucional y valores públicos, garantizando eficiencia y ética en la colaboración público-privada.

• Un modelo smartificado de gobernanza política que promueva el empoderamiento social, la participación ciudadana y el trabajo colaborativo.

            La gobernanza pública de la IA es fundamental. La IA opera con millones de datos, clave para el diseño de algoritmos. Es crucial determinar si los datos son neutros o conceptuales, que pueden generar discriminaciones sexistas, religiosas, étnicas o sociales. El diseño de algoritmos debe ser cauteloso y realizado por equipos multidisciplinares que incluyan ingenieros, sociólogos, politólogos y humanistas. Además, los algoritmos deben ser transparentes, identificando fuentes y criterios de diseño, y las decisiones públicas basadas en ellos deben ser motivadas para poder ser impugnadas. Las competencias públicas en inteligencia artificial no deberían ser externalizadas nunca por su carácter estratégico, y el sistema público debe tener capacidad para diseñar sus propios instrumentos y regular la innovación tecnológica.

         En cuanto al empleo público, las tareas rutinarias son fácilmente sustituibles por robots, llevando a la destrucción de más empleos de los que se van a crear. Sin embargo, se generarán nuevos perfiles profesionales que requieren alta dosis de empatía, creatividad, habilidades cognitivas, puestos directivos y capacidad de negociación. Los humanos y los robots compartirán el trabajo, y es crucial diseñar nuevos puestos que aporten valor añadido y promover nuevas competencias blandas e inteligencia emocional en los empleados públicos.

       En definitiva, la Administración Pública debe ser proactiva y líder en la introducción de la IA y la robótica, canalizándola con claros valores públicos y ética, para que esta revolución sea más humana, más social, más pública y mucho más ordenada de lo que las leyes del mercado y las dinámicas tecnológicas por sí solas podrían aportar.

Los valores ilustrados de la civilización europea.

        La construcción identitaria que realiza Giorgia Meloni al definir los valores de la civilización europea a través de la tríada formada por la filosofía griega, el derecho romano y los valores cristianos responde a una visión iliberal de la política.

        Su omisión de la Ilustración en este relato fundacional no es casual, sino que responde a una intención discursiva deliberada. La Ilustración europea de los siglos XVII y XVIII introdujo principios que entran en tensión directa con el proyecto político de la extrema derecha populista en el que se encuadra Meloni. La autonomía individual frente a la autoridad sustentada en la tradición, el pluralismo frente al dogma, y la razón crítica frente a la fe como fuente de verdad política.

    La construcción de un relato que conduce desde los valores cristianos directamente a la Europa contemporánea, supone una operación de salto genealógico que elude precisamente el momento histórico en que se forjaron las bases del constitucionalismo liberal, la separación de poderes, la tolerancia religiosa y la idea central de que la legitimidad política deriva del consentimiento de los gobernados y no de fuentes trascendentes.

      El discurso meloniano revela una comprensión de la libertad que podríamos calificar como libertad negativa clásica, centrada en defender la ausencia de interferencia externa, pero despojada de su dimensión emancipatoria moderna. La libertad, en este marco sutilmente sugerido, aparece subordinada a un orden moral y político preestablecido donde los valores cristianos operan como límite y marco normativo.

        Esta concepción contrasta radicalmente con la tradición liberal democrática que emergió de la Ilustración con las revoluciones burguesas, donde la libertad requiere no solo la ausencia de coacción sino también las condiciones materiales y sociales que la hagan efectiva. La libertad real, desde John Stuart Mill, pasando por supuesto por John Rawls y su principio de diferencia, no puede realizarse sin una distribución equitativa de las oportunidades para desarrollar las capacidades básicas, y esto requiere de políticas públicas de educación, salud, protección social y acceso a la participación política.

    Particularmente reveladora es la tensión entre la invocación de valores universales y la construcción de una identidad europea excluyente. Los derechos humanos, producto directo del pensamiento ilustrado y de las luchas democráticas modernas, se universalizan precisamente por su capacidad de trascender las particularidades culturales, religiosas o civilizatorias.

    Cuando Meloni presenta como específicamente europeos valores que la tradición liberal democrática considera universales, está realizando una operación que instrumentaliza los derechos humanos con fines identitarios e ideológicos. Esto es especialmente problemático porque la lógica de los derechos humanos es precisamente la de establecer un espacio político común, que trasciende las fronteras nacionales, culturales y religiosas, centrado en la dignidad de la persona. Como declara solemnemente el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

    La tentativa de construir la legitimidad política de la civilización europea eludiendo las exigencias democráticas liberales alberga la potencial amenaza de los totalitarismos. La propuesta de vincular la identidad europea con fuentes de legitimación premodernas saca de la discusión todo lo relacionado con las demandas de igualdad, pluralismo y justicia social que tienen su origen de la tradición democrática ilustrada. Esto tiene consecuencias políticas concretas al proporcionar un marco ideológico que capaz de justificar la restricción de derechos en nombre de la tradición y la limitación de las políticas redistributivas invocando un orden social natural en el que el Estado no debe intervenir.

       La herencia europea, su mayor legado histórico, incluye aquellos momentos de ruptura y emancipación que cuestionaron las jerarquías basadas en la tradición y ampliaron el espacio de la libertad y la dignidad humanas. Sin la Ilustración, simplemente no existe la Europa democrática contemporánea.

Democracia liberal, Estado de Derecho y representación política. El deseable gobierno de los mejores y su relación con la legitimación democrática.

            La librería Luces de Málaga es mucho más que un lugar donde comprar libros. Su casa es un espacio donde, bajo el pretexto de la presentación de una obra literaria, se genera un ambiente propicio para la conversación de calidad en torno a temas de gran interés. El pasado jueves fue una delicia escuchar a Manuel Toscano y José Manuel Cabra en diálogo con el autor del libro “Anatomía de la ley”, Tsevan Rabtan.  Escucharlos hablar de temáticas como la democracia liberal, el Estado de Derecho, el papel de la Ley y el ideal de la justicia, me despertó el interés por una cuestión a menudo planteada a mi juicio erróneamente. Se trata de responder a la siguiente pregunta, ¿son compatibles la democracia, con origen en la soberanía popular, y la selección de élites dirigentes fundada en criterios meritocráticos?

        Comencemos por definir en qué consiste la democracia, partiendo de la premisa de que el ideal democrático que defiendo es el que se corresponde con la denominada bajo el apelativo de liberal. Ésta se caracteriza por articular una arquitectura política que persigue conciliar dos aspectos que, a primera vista, pudieran parecer en relación contradictoria. Por una parte, depositar la soberanía en el pueblo, y por otra, delegar el ejercicio de los poderes legislativo y ejecutivo en unas élites políticas. Sin embargo, esta aparente contradicción supone un ejercicio de conciliación de los ideales democráticos de participación que legitiman la democracia, con la necesidad de garantizar la competencia y especialización que se esperan de los dirigentes para poder tener un buen gobierno.

            La estructura básica de una democracia liberal se sustenta en tres pilares fundamentales: la soberanía popular expresada mediante elecciones libres y periódicas; la garantía de derechos fundamentales que protegen a los individuos frente a los potenciales excesos del poder; y la división y limitación de ese poder a través del Estado de Derecho. En este marco, la ley no es un mero instrumento del poder, sino a la vez un límite para su ejercicio y el origen de su propio fundamento. La legalidad, por lo tanto, no es una cuestión secundaria, sino la expresión de una racionalidad política que vincula a gobernantes y gobernados, y establece reglas del juego que deben ser comunes, previsibles y estables.

            El Estado de Derecho refuerza este diseño institucional consagrado en nuestra Constitución. El poder está sometido a normas jurídicas que han de ser generales, públicas, estables y aplicadas por órganos independientes del poder ejecutivo. No se trata de una mera formalidad legalista, sino de una auténtica garantía sustantiva de la libertad individual. En una democracia liberal, los derechos no están a merced de mayorías transitorias ni del capricho de un líder carismático. La Ley, elaborada en el seno de las cámaras parlamentarias, es el resultado de un procedimiento representativo en el que la deliberación, la argumentación racional y el principio de mayoría permiten articular decisiones legítimas que vinculan a todos los ciudadanos.

            Sin embargo, este ideal de origen popular de la soberanía no significa que cada ciudadano participe de manera directa en todas las decisiones tanto legislativas como del gobierno. La democracia representativa se edifica sobre una distinción fundamental. Por una parte, la fuente última del poder reside en el pueblo, pero por otra, su ejercicio efectivo se delega en representantes elegidos que asumen la compleja tarea de legislar, gobernar y administrar. Esta delegación no es una renuncia a la democracia, sino una expresión más madura.

            Esta representación política no es meramente simbólica, sino que desempeña una función operativa. Las tareas de gobernar y legislar en las complejas sociedades contemporáneas exigen un alto nivel de especialización, de conocimiento técnico, de experiencia institucional y de competencia argumentativa. El Parlamento no puede ser un mero espejo de la sociedad, sino una instancia de selección de élites políticas capaces de tomar decisiones informadas, equilibradas y orientadas al bien común. En este sentido, la democracia liberal no renuncia a la idea de gobierno de los mejores, sino que lo reconcilia con el principio de legitimidad democrática.

           El mérito y la capacidad de los gobernantes son condiciones necesarias para un buen gobierno, lo que debe resultar compatible con el principio de igualdad en las posibilidades de acceso a las altas magistraturas del Estado. Cuando los cargos públicos son ocupados por individuos elegidos democráticamente, pero seleccionados también por su preparación y competencia, se conjuga la legitimidad de origen con la eficacia en el desempeño. Esta es la esencia de la legitimidad dual de la democracia liberal, procedimental en su origen, racional en su funcionamiento. La representación parlamentaria, así entendida, no es una cesión irreflexiva de poder, sino un contrato revocable en el que los ciudadanos confían temporalmente el gobierno de los asuntos comunes a quienes, por mérito, experiencia y responsabilidad, están en mejores condiciones de ejercerlo.

            Por ello, la crítica populista que rechaza la mediación institucional y exalta una participación directa y permanente del pueblo cae en una peligrosa simplificación. No toda forma de participación es necesariamente democrática si erosiona los procedimientos deliberativos, ignora el pluralismo político o desprecia el conocimiento experto. La democracia representativa que atienda a criterios de exigencia en la selección de sus élites dirigentes no resulta contradictoria con la soberanía popular, sino que atiende a las características de los problemas públicos que precisan de respuesta en contextos de gran complejidad y alta incertidumbre que precisan de conocimiento experto.

            En definitiva, la democracia liberal descansa sobre un sutil equilibrio entre la legitimidad democrática y la necesidad de racionalidad técnica en la toma de decisiones. La representación política permite compatibilizar la soberanía del pueblo con la necesidad de contar con élites políticas competentes que gobiernen conforme a la ley y en beneficio del interés general. Esta forma de delegación sujeta a control, rendición de cuentas y alternancia, no niega la democracia, sino que la hace posible. Para que esas reglas produzcan buen gobierno, es indispensable que quienes las aplican sean dignos de la confianza depositada en ellos. La democracia liberal representativa no es, por tanto, una traición a los ideales democráticos, sino su versión más sofisticada, y posiblemente más justa, que hemos sido capaces de concebir.