“El problema de la vivienda”: un libro clave para el análisis de políticas públicas.

La crisis de acceso a la vivienda es un problema social y económico que ha irrumpido con fuerza en la agenda política. En su libro “El problema de la vivienda”, Javier Burón ofrece un análisis profundo y riguroso sobre los desequilibrios estructurales del mercado de la vivienda y las alternativas de las políticas públicas para solucionar esta problemática.

Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas es una contribución fundamental. Describe los factores que han llevado a la actual crisis, como la financiarización de la vivienda, la insuficiencia del parque de alquiler asequible o la falta de regulación efectiva, al tiempo que propone un conjunto de estrategias para abordar estos retos. Su enfoque combina el rigor académico con una clara vocación propositiva, de gran utilidad tanto para gestores públicos como para estudiantes y docentes de políticas públicas.

Para los responsables de diseñar e implementar políticas de vivienda, “El problema de la vivienda” ofrece un marco de referencia sólido para comprender la magnitud del desafío y explorar soluciones basadas en evidencia. Entre las propuestas más relevantes del libro se encuentran:

• La necesidad de un sector público más proactivo en la promoción de vivienda asequible.

• La regulación del alquiler para evitar fenómenos especulativos sin desincentivar la oferta.

• El fortalecimiento del parque público de vivienda como una estrategia de largo plazo.

• La coordinación entre distintos niveles de gobierno para una política habitacional más eficaz.

Desde una perspectiva académica, este libro resulta especialmente valioso para la enseñanza del análisis de políticas públicas. Su enfoque permite ilustrar distintas etapas del ciclo de las políticas públicas aplicadas al ámbito de la vivienda:

• Identificación del problema exponiendo con claridad los fallos del mercado que justifican la intervención pública.

• Diseño de alternativas como opciones de política que han sido implementadas en diversos contextos y sus posibles impactos.

• Implementación de acciones, analizando las barreras institucionales y políticas que dificultan la aplicación de soluciones efectivas.

• Evaluación mediante la exposición de experiencias internacionales y datos empíricos sobre la efectividad de distintas medidas.

Además, su accesibilidad y enfoque divulgativo lo hacen un recurso excelente para fomentar el debate de calidad entre la ciudadanía.

Buena economía para tiempos difíciles.

En su libro “Buena economía para tiempos difíciles. En busca de mejores soluciones a nuestros mayores problemas”, Esther Duflo y Abhijit V. Banerjee realizan una reflexión esperanzadora sobre la capacidad de la humanidad para superar los grandes retos de nuestro tiempo. Desde su experiencia gestionando programas en países en vías de desarrollo, señalan que las dificultades a las que se enfrentan los países ricos son impresionantemente parecidas, gente a la que el desarrollo económico deja atrás, desigualdad creciente, falta de fe en el gobierno y sociedades muy fragmentadas. La tarea de los científicos sociales debe ser proporcionar hechos e interpretaciones de hechos con la esperanza de que puedan ayudar a mediar entre las divisiones, a que cada bando entienda lo que dice el otro, y de ese modo llegar a un desacuerdo razonado, si no a un consenso. El respeto mutuo requiere cierta comprensión en una sociedad democrática basada en el pluralismo.

        Para ello realizan una propuesta de reformulación de las políticas sociales que devuelva la dignidad del ser humano a su lugar central, activando un profundo replanteamiento de las prioridades económicas y de la manera en que la sociedad cuida de sus miembros, sobre todo cuando lo necesitan. Nuestra reacción frente al otro está muy vinculada con la confianza en nosotros mismos. Por lo tanto, solamente una política social basada en el respeto por la dignidad del individuo puede contribuir a hacer que el ciudadano medio sea más abierto a ideas de tolerancia.

            En un mundo político en el que peligrosamente observamos que la racionalidad retrocede ante mensajes populistas carentes de rigor, si los economistas no intervienen en el debate de los asuntos públicos se corre el riesgo de que la ciencia económica se vuelva irrelevante. Mitos como la curva de Laffer sin fundamento empírico alguno deben ser desmentidos tajantemente. No, las bajadas de impuestos para los ricos no producen como efecto el crecimiento económico. Los problemas del crecimiento económico tienen que ver con la dificultad para asignar los recursos eficientemente, para que la productividad total de los factores que impulsan el PIB resulte óptima.

            Los gobiernos tiene que realizar un esfuerzo para restaurar la legitimidad del Estado social y democrático. Para ello es preciso explicar que existen, en parte, para solucionar problemas que ninguna otra institución puede abordar de manera realista, porque requieren actuar con una lógica basada en el interés general. Ahora bien, el primer paso para recuperar la confianza perdida es hacer buenas políticas, basadas en el conocimiento y la evidencia, y explicarlas a la ciudadanía. Buscar talento para gestionar programas que resulten políticamente viables. No se trata de gastar más sino de hacerlo eficaz y eficientemente.

            La buena economía por sí sola no traerá la salvación, pero sin ella estamos condenados a seguir cometiendo errores que no podemos permitirnos. La ignorancia, las intuiciones, la ideología y la inercia se combinan para aparentar darnos respuestas que pueden parecer plausibles, pero a menudo acaban resultando grandes promesas que producen monstruosas decepciones. El único recurso que tenemos contra las malas ideas, tal como proponen los autores del libro, es resistir a los seductores cantos de sirena de “lo obvio”, ser escépticos con los milagros que nos prometan, cuestionar las evidencias, ser pacientes con la complejidad y honestos acerca de lo que sabemos y de lo que podemos saber. Sin esa cautela vigilante, los debates sobre problemas complejos se quedan en relatos vacíos y memes, y el análisis de las políticas públicas se sustituye por recetas de charlatanes.

Concluyen con una reflexión política sobre el papel de los economistas: “la llamada a la acción no es solo para los economistas académicos; es para todos los que queremos un mundo mejor, más justo y más humano. La economía es demasiado importante como para dejársela a los economistas”.

Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados.

El problema de la vivienda en España se ha situado con fuerza en la agenda política y se va a mantener candente mientras no avancemos hacia una solución. Su dimensión y características lo han convertido en transversal, con una población sufriente cada vez más numerosa que ve algo imposible conseguir una vivienda donde desarrollar su proyecto de vida y con unos impactos negativos en la economía cada vez mejor identificados.

El 65% de los hogares que viven de alquiler emplean más del 25% de sus ingresos en pagar su vivienda, el 31 % más del 40%. Dos de cada tres jóvenes entre 18 y 34 años se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres. Con estos datos podemos llegar a dos conclusiones. El encarecimiento del precio de la vivienda supone un factor de empobrecimiento de las clases medias trabajadoras, con el consiguiente efecto negativo sobre la capacidad de gasto de las familias. Formar un hogar es una decisión que los jóvenes se ven obligados a posponer, con un efecto negativo sobre la natalidad que contribuye a empeorar el problema demográfico de envejecimiento de la población.

El elevado precio de la vivienda tiene un impacto negativo en la economía al menos desde dos puntos de vista. En primer lugar, afecta a las posibilidades de movilidad laboral. Si el coste de alquilar una casa es inasumible con proporción a los salarios, el mercado de trabajo se resiente y se fracciona. Las oportunidades laborales se ven desaprovechadas y solamente los trabajadores más cualificados tendrán la posibilidad de desplazarse en busca de los empleos mejor remunerados. En segundo lugar, una parte considerable del capital invierte en vivienda por la alta rentabilidad que reporta. Una muestra de ello es la proliferación de las viviendas destinadas a alquiler turístico que ha hecho explosionar el mercado de vivienda. Esto incentiva la extracción de rentas en detrimento de la inversión en innovación y tecnología, que incrementaría la competitividad y productividad de nuestras empresas, generando más empleo y de mayor calidad.

La vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido y no una mercancía, en eso estamos de acuerdo. Como estaremos de acuerdo en que nuestro sistema político constitucional es la democracia liberal en la que la propiedad privada y la economía de mercado son ideas consustanciales. El mercado de la vivienda es una realidad a la que no podemos dar la espalda, pues establece las condiciones para poder realizar este derecho. Existe un amplio consenso en que en una situación de crecimiento de la demanda la mejor manera de que los precios se moderen es incrementar la oferta.

Como vemos el problema es complejo, tiene múltiples causas y efectos, y requiere de amplios consensos para ponernos a solucionarlo. John Rawls planteaba que los consensos entrecruzados en las sociedades democráticas, donde el pluralismo es un rasgo característico, juegan un papel fundamental para lograr la estabilidad que exigen las políticas públicas para desplegar efectos sostenidos en el tiempo. Para ello es necesario establecer una discusión racional en torno a los problemas, basar la discusión en razones públicas asumibles por la mayoría independientemente de sus creencias particulares y buscar puntos de encuentro en torno a valores compartidos y soluciones equitativas.

Apelando a la justicia social es necesario poner en marcha un plan para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible. El modelo de Viena es un ejemplo. Este mismo principio de justicia obliga a proteger a los más vulnerables, pero no puede ser a costa del derecho constitucional a la propiedad privada. Es preciso dar seguridad jurídica a los propietarios ante el riesgo de impago para estimular el alquiler residencial, asumiendo las Administraciones el apoyo económico a quienes no pueden hacer frente a sus obligaciones.

Apelando a la eficiencia económica es necesaria una mejor regulación del alquiler de vivienda con fines de alojamiento turístico. Esta actividad se desarrolla en ocasiones en la economía sumergida y supone una competencia desleal para el tejido empresarial del negocio hotelero, que genera más empleo, más estable y de más calidad. Además, su expansión desmesurada produce multitud de externalidades negativas en el espacio público de las ciudades.

Apelando a la iniciativa empresarial y la economía de mercado es necesario eliminar las barreras que dificultan la construcción de las viviendas que demanda la sociedad. Simplificar procedimientos administrativos, establecer un sistema de ventanilla única para la obtención de licencias y proporcionar un marco regulatorio estable en el tiempo que proporcione seguridad a las inversiones, son algunas de las iniciativas que los expertos ponen sobre el tablero para abordar esta cuestión. Todo ello junto a incentivos fiscales para estimular la promoción de viviendas asequibles y desincentivos que graven los suelos que no se activen para la construcción de nuevas casas.

En definitiva, un gran plan de vivienda que movilice a Administraciones Públicas, promotores y constructores, propietarios de vivienda y ciudadanía afectada por el problema, en el que todos encuentren reconocidos parte de sus intereses y nos ponga a caminar juntos. El futuro nos va en ello, como en tantas otras cosas importantes.

Publicado en La Opinión de Málaga el 29 de octubre de 2024.

Vivienda, Rawls y consensos entrecruzados

Reflexiones en torno a las políticas de vivienda.

Es imposible pensar en un proyecto de vida sin un lugar en el que vivir. Nuestra Constitución declara en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo obligación de los poderes públicos promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacerlo efectivo. Por lo tanto, no es opcional hacer políticas públicas de vivienda, sino que es una obligación jurídica que surge del mandato constitucional. 

Este precepto se encuentra dentro del capítulo dedicado a establecer los principios rectores de la política social y económica. Y no se equivocaba el constituyente, puesto que los efectos del creciente problema de la dificultad para acceder a la vivienda tienen efectos negativos en la sociedad y en la economía.

El Banco de España identifica entre los efectos adversos de las dificultades de acceso a la vivienda en su dimensión social, el empobrecimiento de las familias por el alto porcentaje de ingresos destinado a la vivienda, tanto si es para el pago de las hipotecas afectadas por las subidas de tipos de interés, como para hacer frente al desbocado precio de los alquileres. Esta realidad retrasa la formación de hogares, reduciendo la natalidad e incrementando el problema demográfico de envejecimiento de la población. En la vertiente económica, supone una dificultad para localizar a los trabajadores precisamente en las áreas geográficas más productivas, reduciendo considerablemente su movilidad, especialmente entre los jóvenes, lo que supone un freno para el desarrollo del crecimiento potencial de nuestro PIB.

Hay trabajos muy serios en España sobre esta materia, de los que expondré algunos ejemplos significativos. Desde FEDEA se estima que resulta necesario dar un nuevo rumbo a la política de vivienda. Su diagnóstico identifica las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como contraproducentes, con un efecto no deseado consistente en la reducción de la oferta que ha impulsado aún más los precios al alza. Propone adoptar medidas que faciliten la construcción de vivienda de promoción pública y de iniciativa privada reduciendo costes.

El think tank progresista Future Policy Lab realiza una serie de propuestas encaminadas a incrementar la oferta de vivienda disponible en el mercado. Establecer una fiscalidad mayor sobre las viviendas desocupadas y las segundas residencias, junto con una expansión del parque de vivienda pública destinada al alquiler, normalizar la intermediación pública en el alquiler para fomentar la confianza de los propietarios y la seguridad de los inquilinos, así como establecer un régimen fiscal especial para los promotores de vivienda asequible que incentive esta iniciativa.

La irrupción expansiva del alquiler turístico en las ciudades ha atraído inversión especulativa hacia el mercado de la vivienda, buscando la obtención de sustanciosas rentas al tiempo que se minimiza el riesgo de las operaciones. Para revertir esta situación debe plantearse una regulación más restrictiva del uso de la vivienda residencial con fines de alquiler turístico, al tiempo que se proporciona mayor seguridad jurídica a los arrendadores ante el riesgo de impago. La protección del derecho a la vivienda de las familias vulnerables es responsabilidad de las Administraciones y sus políticas sociales, no puede trasladarse a los propietarios de vivienda, en muchos casos pequeños ahorradores que ven en el alquiler un complemento de su renta tras la jubilación. La Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas, promovida por Carme Chacón en su etapa como ministra de Vivienda en 2009, iba en esta línea simplificando y agilizando los procedimientos de desahucio por impago de rentas a pequeños propietarios.

Como se apunta en el libro ‘Un país posible’, dirigido por Toni Roldán, para los problemas de vivienda no existen soluciones milagrosas ni políticas infalibles. Sí son necesarias dos condiciones para un buen diseño de las iniciativas. En primer lugar, una política de vivienda mantenida en el tiempo con independencia del partido político que gobierne, que es parte del secreto del potente parque de vivienda social de Viena. En segundo lugar, dos principios básicos para guiar estas políticas a largo plazo: que las viviendas financiadas con dinero público no puedan salir nunca del parque público y que la mayoría de las viviendas construidas con subvenciones públicas se destinen al alquiler asequible.

El problema se ha situado como una emergencia en la agenda política, en sus dos dimensiones, social y económica. Tengo la impresión de que es un tema transversal entre toda la ciudadanía, independientemente de cuál sea el partido político de su preferencia al ejercer su derecho democrático al voto. Esta dura realidad dificulta los proyectos vitales de muchas personas, afectando especialmente a la población más joven. Y sus padres y abuelos comparten su sufrimiento, porque sienten que ellos tuvieron mejores oportunidades para tener una vivienda que sus hijos y sus nietos. La pérdida de la esperanza en un porvenir es una peligrosa emoción para la estabilidad política de las sociedades democráticas. Urge por lo tanto un debate en profundidad sobre este problema, buscando soluciones basadas en el rigor, la evidencia, y el compromiso leal entre actores políticos, aunque no sean ‘chulísimas’ sino pragmáticas y útiles.

PROTOCOLO ENTRE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y ASOCIACIONES BANCARIAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA GUARDA DE HECHO

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, la guarda de hecho de las personas con discapacidad, principalmente mediante la proporción de apoyos en procedentes de su entorno familiar, ha venido suscitando problemas de reconocimiento ante las entidades financieras. Para dar respuesta a esta cuestión, el pasado mes de julio se publicó un documento interpretativo del Protocolo Marco suscrito entre la Fiscalía General del Estado y las Asociaciones Bancarias.

    En este documento queda fuera de toda duda que la guarda de hecho es una institución jurídica cuya eficacia se reconoce directamente por ministerio de la ley. Se contempla como un medio de apoyo duradero que prevalece respecto de las medidas de apoyo judiciales. Por lo tanto, donde exista una guarda de hecho adecuada y suficiente, deberá reconocerse al guardador el ejercicio de las facultades para las que la misma lo habilita.

    Dado que nos encontramos ante una institución de carácter informal y de hecho, el ordenamiento no exige ninguna forma predeterminada de acreditación de su realidad, ni un título formal habilitante para su ejercicio. El vínculo entre guardador y guardado se puede demostrar de muy diversas maneras, entre otras, el libro de familia, el historial de certificados de empadronamiento y de convivencia, informes de servicios sociales, informes de servicios de salud y otros servicios públicos. A estos efectos, resultan de especial relevancia en cuanto a la seguridad jurídica que aportan, las actas de notoriedad extendidas por un notario.

    El guardador de hecho no precisa de autorización judicial para realizar actuaciones de “escasa relevancia económica” en representación del guardado. Pero, ¿qué debe entenderse como actos de escasa relevancia económica? El documento considera que, en términos de buenas prácticas, deberán así considerarse las disposiciones para atender a los gastos ordinarios y habituales del guardado, con arreglo a su trayectoria vital. También estarían comprendidos los gastos no habituales pero necesarios para la conservación ordinaria de los elementos precisos para satisfacer sus necesidades ordinarias. En cuanto a las disposiciones de efectivo no finalistas, es preciso establecer límites cuantitativos de referencia, utilizando como indicador el gasto medio por persona que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE).

    Para documentar la guarda de hecho ante las entidades financieras, deberá cumplimentarse una declaración responsable con unos contenidos muy precisos: identificación de los sujetos intervinientes, relación de parentesco o vínculo que los une, el alcance y modalidad de actuación ante la entidad, autorizaciones de acceso a información y a gestiones operativas, entre otros.

En este enlace podéis acceder al texto completo del documento:

Documento interpretativo al Protocolo Marco entre FGE y Asociaciones Bancarias

DERECHOS HUMANOS, DISCAPACIDAD Y POLÍTICAS PUBLICAS

Ayer fue la última clase del primer semestre en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Málaga, donde imparto la asignatura de Análisis de las Políticas Públicas a alumnas y alumnos de tercer curso. He dedicado esta última actividad docente a explicarles la importancia de incorporar el cambio de paradigma que introduce la Ley 8/2021, en el tratamiento de los derechos de las personas con discapacidad en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

        Esta Ley supone la plena incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Convención Internacional de Nueva York de 2006 sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España en 2008. En su articulo 1, define la discapacidad como una situación en la que se encuentran personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se trata por tanto de prestarles los apoyos necesarios y proporcionales a su situación, para que estas barreras puedan ser superadas y ejercer sus derechos plenamente.

            Es una obligación de los Estados incorporar esta perspectiva a todos los aspectos que afecten a las personas para garantizar el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. La Convención de Nueva York reconoce como actores especialmente cualificados a las organizaciones representativas del sector, en el diseño, la implementación y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la plena inclusión de las personas con discapacidad.

            Esta nueva visión de la realidad de la discapacidad y el ejercicio de la capacidad jurídica supone un revolucionario cambio de paradigma. Se pasa de una concepción paternalista, basada en la sustitución de la voluntad de las personas incapacitadas judicialmente, lo que suponía borrarlas civilmente de la sociedad, a una consideración respetuosa con su dignidad, basada en los derechos humanos y orientada a la promoción de su autonomía personal.

            El sistema de apoyos tiene como finalidad acompañarlos para superar las barreras que dificultan o impiden el ejercicio de su capacidad jurídica. Barreras que tienen que ver con la capacidad de comprensión del significado de los actos jurídicos, con entender el alcance y efectos de sus decisiones, así como con la conformación de la decisión misma y la expresión de su voluntad. Las medidas de apoyo deben respetar la dignidad de la persona con discapacidad, ser las estrictamente necesarias y proporcionadas a sus circunstancias particulares, teniendo en cuenta siempre su voluntad, deseos y preferencias.

            Prevalecen aquellas que haya establecido voluntariamente la persona mediante escritura pública, en su ausencia, la guarda de hecho como medida estable, aunque de carácter no formal, y solamente en caso de no existir ninguna de estas dos modalidades, o ejercerse de modo perjudicial para la persona, se establecerá la curatela judicialmente. Por tanto, desaparece la obligación de comunicar al Ministerio Fiscal las guardas de hecho, salvo que se observe un inadecuado ejercicio de estas por parte de los profesionales que tuvieran conocimiento de ello.

            En este sentido hay que recordar la obligación legal de cooperación entre Administraciones Públicas, establecida en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los profesionales deben colaborar con el Ministerio Fiscal y los Juzgados del orden civil, para facilitar su labor de revisar las sentencias de incapacitación anteriores a la entrada en vigor de la Ley 8/2021, así como la detección de influencias indebidas, ausencia de medidas de apoyo que pudieran ser necesarias o inadecuado ejercicio de estas, en general. La elaboración de informes con el contenido necesario para valorar la necesidad de las medidas y las persona que resultaran idóneas para ejercerlas, facilita sin lugar a duda el trabajo a quien tiene que tomar decisiones en esta materia.

            En definitiva, todas estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta en el diseño de las políticas públicas, su implementación y la evaluación de estas, para lograr entre todos avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.

PROBLEMAS, NECESIDADES, RETOS

    Acabo de terminar un nuevo MOOC del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) sobre Diseño y Práctica de la Evaluación de Políticas Públicas (Nivel Avanzado). La formación permanente de los empleados públicos es fundamental para prestar mejores servicios a la ciudadanía. Afrontar los retos que nos presenta un mundo en continua transformación, requiere hacer políticas públicas fundadas en la evidencia y el conocimiento.